La Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario en contra de Eliseo José Barraza Barrios, exalcalde de Concordia, Magdalena, debido a presuntas irregularidades en los pagos de seguridad social de los miembros del Concejo Municipal durante su administración.
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De acuerdo con la investigación, entre enero de 2020 y mayo de 2021, el exmandatario habría incumplido con su deber de garantizar los aportes correspondientes al sistema de salud de los concejales. Se señala que, en algunos casos, estos pagos no se efectuaron, mientras que en otros fueron realizados de manera tardía, lo que habría afectado el acceso a servicios médicos de los funcionarios.
Uno de los puntos más críticos del caso es que esta omisión pudo haber tenido consecuencias directas en la atención médica de los concejales, especialmente en un periodo marcado por la crisis sanitaria derivada de la pandemia del virus Covid-19.
La Procuraduría destacó que al menos un edil enfrentó problemas graves de salud y requirió atención en una Unidad de Cuidados Intensivos, situación que pudo haberse complicado debido a la falta de cobertura oportuna.
La entidad enfatizó que la seguridad social es un derecho fundamental que garantiza la protección ante contingencias de salud y otras necesidades básicas, por lo que su incumplimiento no solo vulnera a los afectados, sino que también constituye una falta grave dentro del ejercicio de la función pública.
El Ministerio Público recordó que “El sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad, para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten”.
En esta etapa del proceso, la Procuraduría ha calificado la falta como grave a título de culpa gravísima, lo que podría acarrear sanciones disciplinarias significativas para el exalcalde en caso de ser hallado responsable. La investigación continuará para determinar el alcance de las responsabilidades y las posibles medidas a adoptar.
El llamado de la Procuraduría a sus funcionarios regionales para defender el derecho a la salud
En un esfuerzo por garantizar el acceso efectivo a la salud y prevenir posibles vulneraciones de derechos fundamentales, la Procuraduría General de la Nación, liderada por Gregorio Eljach, jefe de la entidad, emitió en la tarde del viernes 21 de marzo un instructivo dirigido a los procuradores regionales, provinciales y municipales.
El documento sostiene que el país está atravesando por una grave crisis en el sistema de salud, que se ha visto reflejada en el incremento de quejas, reclamos y tutelas. Por ello, se hace necesario desplegar acciones preventivas y de control de gestión.
“(...) la Procuraduría General de la Nación ha tenido conocimiento de quejas, denuncias e información difundida en medios de comunicación, sobre posibles irregularidades en la prestación de servicios y suministro de medicamentos y tecnologías en salud, así como el manejo de los recursos de la salud por parte de algunas EPS del país y otros actores del sistema, que han llevado a presuntas deficiencias en la prestación del servicio público a los usuarios del sistema y pacientes”, se lee en la directiva.
En ese orden de ideas, el ente de control enfatizó en que se debe fortalecer la supervisión sobre las entidades de salud y asegurar que los servicios ofrecidos cumplan con los estándares de calidad y oportunidad requeridos.
De acuerdo con la Directiva 003, los procuradores tienen la facultad de solicitar información a las entidades de salud sobre aspectos clave como la prestación de servicios, la calidad de la atención y la gestión de recursos.
“Con el ánimo de prevenir situaciones que pongan en riesgo la salud de los afiliados y se puedan vulnerar derechos fundamentales los procuradores regionales, distritales y provinciales podrán solicitar información a las entidades de salud sobre la prestación de servicios, la calidad de atención y la gestión de recursos con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema”, se expresó en el documento.
La directiva también estableció que los procuradores deben llevar a cabo inspecciones en las instalaciones y equipos de las entidades de salud. Estas visitas tienen como propósito verificar que los recursos y la infraestructura estén en condiciones óptimas para atender a los usuarios.
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