A pesar de los esfuerzos del Gobierno por fortalecer las políticas ambientales, la decisión del Ministerio de Transporte encendió las alarmas entre expertos y organizaciones defensoras del medio ambiente. La medida, que aplaza una vez más la implementación de la exigencia de doble casco en las barcazas que transportan hidrocarburos por los ríos del país, extiende el riesgo de contaminación en una de las principales arterias fluviales de Colombia.
El transporte de hidrocarburos por el río Magdalena representa una parte fundamental de la economía del país. En los últimos cuatro años, más de 17 millones de toneladas de carga fueron movilizadas a través de esta vía, de las cuales el 90% corresponde a productos derivados del petróleo. La importancia de esta ruta radica en su papel como conexión natural entre las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, debido a la falta de infraestructura de tuberías que enlace estos dos puntos estratégicos.
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Sin embargo, el continuo aplazamiento en la implementación del doble casco genera preocupación, pues deja abierta la posibilidad de accidentes con consecuencias ambientales devastadoras. Desde 2015, la exigencia fue postergada en varias ocasiones. Inicialmente, se estableció que la conversión de las embarcaciones se realizaría progresivamente hasta 2020, pero sucesivas resoluciones han ido corriendo la fecha límite, primero hasta 2024, luego hasta 2027, después hasta 2028 y, ahora, hasta 2034 y 2039, dependiendo de la vía fluvial.
El doble casco en las barcazas es una medida adoptada a nivel internacional para mitigar el riesgo de derrames de hidrocarburos en cuerpos de agua. Su implementación es clave en la reducción de desastres ambientales en diversas partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, la Ley de Contaminación por Petróleo de 1990 estableció la conversión obligatoria de todas las embarcaciones para 2015, sin permitir aplazamientos. Europa tomó medidas similares tras el desastre del Prestige en 2002, prohibiendo el uso de buques de casco simple para el transporte de petróleo desde 2003.
En Colombia, la situación es diferente. Aunque el propio Ministerio de Transporte reconoció en su proyecto de resolución que “en el mundo se está limitando en algunos casos y prohibiendo en otros la operación de buques tanque petroleros de casco sencillo con el fin de minimizar los riesgos de derrame de hidrocarburos y los efectos perjudiciales para el ambiente”, la normativa sigue sin aplicarse de manera efectiva.
El documento también justifica la decisión señalando que las empresas del sector enfrentan dificultades económicas para cumplir con la conversión de sus embarcaciones. Factores como la volatilidad de los precios del petróleo, la oferta y demanda de crudo, la variabilidad de los niveles del río Magdalena y la crisis mundial derivada de la pandemia son señalados como obstáculos para la implementación de la medida.
El costo ambiental de la postergación
Más de 130 municipios dependen del río Magdalena para abastecer sus acueductos, por lo que cualquier derrame afectaría directamente a millones de personas. No obstante, transportar sustancias sin las medidas de seguridad adecuadas aumenta el riesgo de accidentes y posibles daños ambientales de gran magnitud, según advierten los expertos. La demora en la implementación de esta medida no solo amenaza la biodiversidad y el acceso al agua potable, también refuerza una cultura de incumplimiento en el sector.
El temor de los expertos es que Colombia termine reaccionando solo después de una tragedia ambiental. La experiencia internacional demostró que la implementación de regulaciones estrictas solo se ha dado tras grandes catástrofes, como el caso del Exxon Valdez en Alaska o el Prestige en las costas españolas. Ante este escenario, los ambientalistas y algunos sectores políticos instan al Gobierno a reconsiderar la decisión y tomar medidas más estrictas para garantizar la protección de los ríos del país.
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