La Alcaldía de Bogotá denuncia nuevo caso de maltrato con cepo a adolescentes indígenas en la localidad de Engativá

La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá reportó un preocupante caso de vulneración de derechos humanos contra tres adolescentes de la comunidad Emberá.

Según el comunicado emitido el 22 de marzo, las menores fueron sometidas al uso del cepo, un método de castigo físico tradicional en algunas comunidades indígenas, en su asentamiento temporal en el sector La Florida, ubicado en la localidad de Engativá.

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En el comunicado difundido por la Secretaría, se enfatizó que “el uso del cepo en menores de edad constituye una grave vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en contravía del artículo 44 de la Constitución y de la Ley 2089 de 2021, que prohíbe el castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes”. Además, se resaltó que este tipo de prácticas no son compatibles con los marcos legales y constitucionales colombianos, incluso bajo las justificaciones de tradiciones culturales.

La situación generó una inmediata reacción de las autoridades distritales. De acuerdo con el comunicado citado por la Alcaldía, “tras conocer los hechos, se activaron de inmediato las rutas de protección para prevenir la vulneración de los derechos de las menores”. Además, la Secretaría informó que se realizó un abordaje psicosocial con los familiares de las adolescentes, mientras la Comisaría de Familia de Funza asumió el caso para implementar medidas de protección y acompañamiento.

En línea con las acciones tomadas, la Alcaldía de Bogotá anunció que denunciará los hechos ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos de violencia intrafamiliar, maltrato y restricción de la libertad física. El comunicado también señaló que “seguiremos alertando a las autoridades sobre cualquier acción que ponga en riesgo su integridad y bienestar”, conforme lo expresó el Gobierno distrital.

Según el medio oficial, la Secretaría Distrital de Integración Social envió un mensaje contundente a quienes persistan en usar herramientas como el cepo, advirtiendo que tales prácticas son anticonstitucionales. Un apartado del comunicado hace un llamamiento directo a la comunidad Emberá para que se abstenga de recurrir al cepo u otros métodos similares: “Exhortamos a la población Emberá que hace presencia en La Florida a que se abstenga de implementar los métodos de castigo de la justicia tradicional”. Asimismo, se subrayó que el predio donde actualmente reside esta población es un bien fiscal del Distrito, lo que implica que no se cumplen los factores legales para aplicar la jurisdicción especial indígena.

En palabras de la Secretaría Distrital, “la garantía de los derechos de la niñez está por encima de cualquier tradición o costumbre”. Esto refrenda el principio constitucional que señala la protección integral a los niños y adolescentes como prioridad del Estado.

El debate sobre el uso del cepo en comunidades indígenas ha generado polémica en el pasado, dando pie a diversas interpretaciones sobre los límites entre prácticas culturales y los derechos humanos. Sin embargo, en este caso, la Corte Constitucional ha señalado que la aplicación de las tradiciones debe estar alineada con factores territoriales y contextuales específicos, los cuales, en el caso de la población Emberá en La Florida, no están dados.

Además de las menciones a las leyes colombianas que prohíben el trato degradante hacia menores de edad, las autoridades recordaron que estas normativas toman fuerza en línea con compromisos internacionales adquiridos por el país en materia de derechos de la niñez. De acuerdo con el pronunciamiento del gobierno distrital recogido por medios locales, “estas acciones vulneran la condición humana y están por encima de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes”.

La situación en La Florida pone de relieve los retos en la interacción entre comunidades indígenas desplazadas y las dinámicas urbanas de Bogotá, así como la necesidad de abordajes interculturales que respeten los derechos fundamentales sin desconocer los valores tradicionales. Por lo pronto, la denuncia ante la Fiscalía General y el acompañamiento psicosocial buscan prevenir que se repitan prácticas similares en el futuro.