En un importante operativo contra el contrabando, el Estado asumió el control de 19 bienes pertenecientes a una red criminal desmantelada en Cali. Entre las propiedades incautadas se encuentran una finca, una casa, un lote, dos parqueaderos, tres locales comerciales, un centro vacacional y diez vehículos, cuyo valor total asciende a 8.426 millones de pesos.
El Brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán confirmó la operación a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), destacando que estos bienes pertenecían a una organización delictiva que fue desarticulada en febrero de este año en la capital del Valle del Cauca. En esa intervención, las autoridades lograron la captura de ocho integrantes clave de la estructura criminal, asestando un duro golpe a sus operaciones ilegales.
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El procedimiento de incautación se llevó a cabo en las ciudades de Cali y Dagua, con la participación de varias entidades nacionales e internacionales. En el operativo intervinieron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en coordinación con agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.
La articulación de estos organismos permitió asegurar la correcta identificación y confiscación de los bienes, evitando que siguieran siendo utilizados para actividades ilícitas.
Las autoridades han señalado que esta incautación representa un avance significativo en la lucha contra el contrabando, un delito que no solo afecta la economía formal, sino que también está vinculado con otros crímenes como el lavado de activos y la financiación de estructuras delictivas.
Los bienes incautados serán administrados por la SAE y podrán ser destinados a programas de interés público o subastados para generar recursos que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado.
Este operativo hace parte de una estrategia más amplia del Gobierno Nacional para combatir las redes ilegales que operan en el país, con un enfoque en la desarticulación financiera de las organizaciones delictivas. Las autoridades han reiterado su compromiso de seguir ejecutando acciones de este tipo, con el fin de debilitar la infraestructura económica del crimen organizado y garantizar mayor seguridad para la ciudadanía.
Fenalco había propuesto acciones para frenar el contrabando
Para enfrentar el contrabando de manera efectiva, Fenalco propone una estrategia integral que contemple tres pilares fundamentales: medidas económicas, control policial y el uso de tecnología de vanguardia.
- Revisión de la política arancelaria: Reducir las cargas impositivas y simplificar la reglamentación para evitar que los altos costos de importación se conviertan en un incentivo para el comercio ilegal.
- Fortalecimiento de los mecanismos de control: Se espera que el nuevo comandante de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, refuerce la lucha contra las redes de contrabandistas, que han logrado consolidar su presencia en el país gracias a la debilidad de los controles estatales.
- Implementación de tecnología avanzada: La inteligencia artificial y otras herramientas de última generación pueden ayudar a identificar patrones irregulares en la importación de mercancías y detectar operaciones sospechosas con mayor rapidez y precisión.
Más allá de las medidas técnicas y operativas, Cabal subraya que la corrupción sigue siendo el principal obstáculo en la lucha contra el contrabando. Para que las estrategias sean realmente efectivas, es indispensable garantizar la transparencia en las instituciones encargadas del control aduanero.
Se ha planteado la necesidad de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) rinda cuentas sobre los avances y posibles retrocesos en materia de modernización y buenas prácticas administrativas. Organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) han apoyado proyectos de modernización, pero aún persisten dudas sobre la eficacia de estas iniciativas.
Con las elecciones presidenciales en el horizonte del 2026, Cabal hace un llamado a que el próximo gobierno asuma con firmeza la lucha contra el contrabando, dejando de lado discursos vacíos y priorizando acciones concretas. La economía nacional, el comercio formal y la competitividad del país dependen de ello.
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