Crisis en el Catatumbo: cerca de cien muertos y 60.000 desplazados ha dejado la violencia en Colombia

Las disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo (norte de Colombia) sigue generando temor y zozobra en la población de esta región colombiana.

Según el último reporte entregado por la Gobernación de Norte de Santander, con corte al 21 de marzo de 2025, el conflicto ha cobrado la vida de 94 personas: 81 civiles, 6 firmantes de paz, 4 menores de edad y 3 líderes sociales.

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Del mismo modo, la administración departamental reportó que, hasta la fecha, 59.511 personas tuvieron que abandonar sus viviendas de manera forzosa; mientras que 16.703 permanecen confinadas.

Del total de desplazados por la violencia en la región nortesantandereana, 30.468 se han trasladado a Cúcuta; 12.000 a Ocaña; 8.900 a Tibú; 1.802 a Convención; 1.770 a El Tarra; 1.098 a San Calixto; y 990 a Teorama.

En cuanto a las personas confinadas, el municipio de Tibú registra 9.651 personas que permanecen en sus casas temerosas de quedar en medio de las hostilidades entre los grupos armados, seguido de Teorama con 6.000, Convención con 800, Hacarí con 200 y El Tarra con 52.

Las cifras oficiales también reportan 20 personas heridas y seis excombatientes desaparecidos. Por su parte, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia también entregaron su reporte de los uniformados lesionados durante estos dos meses de violencia en el Catatumbo, registrando ocho militares fallecidos y 23 heridos.

En cuanto a las entregas voluntarias, se han registrado 158 rendiciones de presuntos integrantes de grupos armados, de los cuales, 127 hacían parte del frente 33, cuatro del ELN y 27 menores de edad recuperados.

Frente a las personas que se encuentran en los alojamientos temporales, la Gobernación de Norte de Santander mencionó que 1.447 personas están resguardadas en estos sitios, donde las entidades locales y nacionales han llevado centenares de toneladas de asistencia humanitaria para la población desplazada por el conflicto.

También, las autoridades destacaron que 772 personas fueron evacuadas por vía aérea, por medio de 71 vuelos realizados en los helicópteros del Ejército y la Policía nacional.

Desde el 16 de enero de 2025, donde se presentó el crimen contra una familia en Tibú (Norte de Santander) que, al parecer, estaría vinculada con una de las estructuras armadas, se desató una de las guerras más fuertes en la región del Catatumbo, lo que marcó el fin de un pacto de no agresión que ambas organizaciones mantenían en esta zona del país.

En uno de los actos ofensivos registrados en marzo del 2025, miembros de las disidencias de las Farc llevaron a cabo un acto simbólico de desafío contra el ELN en el corregimiento de Versalles, municipio de Tibú (Norte de Santander, noreste de Colombia), al derribar una estructura conmemorativa de este grupo y quemar varias de sus banderas.

El hecho, que quedó registrado en las redes sociales, refleja la pugna por el control territorial en esta estratégica zona fronteriza. De acuerdo con el material audiovisual publicado por cibernautas, se observa a hombres vestidos con prendas camufladas, presuntamente integrantes de las disidencias, celebrando la quema de los emblemas del ELN.

De igual manera, las autoridades denunciaron un ataque contra la comunidad indígena Barí, ubicada en la vereda La Gabarra de Tibú, donde tres personas resultaron heridas por la ofensiva del ELN en esta zona del país.

Pese a los esfuerzos del Gobierno colombiano y la fuerza pública para retomar el orden en la región, la disputa entre las disidencias de las Farc y el ELN continúan ejerciendo una fuerte influencia en el Catatumbo. La región, que ya enfrenta una compleja situación de seguridad, se encuentra en un punto crítico debido a la intensificación de estas confrontaciones.

Las autoridades indicaron que la simbología detrás de este gesto no pasa desapercibida, ya que representa un intento de las disidencias por reafirmar su presencia y dominio en la zona. Entre tanto, los habitantes temen que la reciente escalada de tensiones se traduzca en una nueva ola de violencia, afectando aún más su seguridad y calidad de vida.