El juicio oral que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal fue suspendido por orden de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó que se tramite la recusación que elevó la defensa del procesado en contra de la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. El apoderado del exmandatario, Jaime Granados, está buscando que la jueza se aparte del caso, argumentando que no ha sido imparcial y ha vulnerado el debido proceso del acusado.
La jueza 55 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá se encargará de resolver el incidente de recusación en un término de 48 horas. Mientras tanto, el proceso permanece detenido, lo que ha sido catalogado como una estrategia de dilación de la defensa del expresidente. “Lo que hemos visto, no de ahora, son intentos desesperados por parte del expresidente Álvaro Uribe y sus abogados porque este proceso judicial no avance”, aseguró el senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el caso, en conversación con W Radio.
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De acuerdo con el funcionario, tanto la jueza Sandra Liliana Heredia como la fiscal Marlenee Orjuela han hecho un trabajo garantista y riguroso. Por lo tanto, la defensa de Álvaro Uribe “no se puede quejar”, teniendo en cuenta que ha contado con todos los espacios para presentar sus argumentos y hacer contrainterrogatorios a testigos. Estos últimos no solo los han hecho los apoderados del exmandatario, también el mismo procesado.
Ahora bien, se cree que el incidente de recusación, junto con otros recursos que ha interpuesto la defensa del ex jefe de Estado, tendrían como fin dilatar el proceso hasta que este prescriba (8 de octubre de 2025). No obstante, Granados negó que ese sea el interés, por lo que los abogados de las víctimas insistieron en que debería renunciar a la prescripción.
¿Renuncia a la prescripción?
A modo de contestación, el abogado negó que la defensa deba responder a esa propuesta. “Nosotros no tenemos que responderle nada a nadie porque cada uno hace lo que tiene que hacer. Ellos produjeron la situación y ahora se lamentan de sus propios errores. Asuman sus consecuencias”, indicó Grabados, en conversación con Noticias Caracol.
Según explicó, la defensa debe garantizar la protección de los derechos de Álvaro Uribe como procesado, que es investigado desde hace varios años y que ya fue acusado formalmente por tres delitos. Estando ya en la última etapa, correspondiente al juicio oral, los apoderados del expresidente han evidenciado avances en el caso y, sobre todo, un favorecimiento al ex jefe de Estado por cuenta de los testimonios que han dado varios testigos, que han negado haber recibido órdenes por parte del exmandatario para manipular testigos a su favor.
En ese sentido, reiteró su rechazo a la propuesta de una renuncia a la prescripción: “Ahí sí, como diría nuestra vicepresidenta (Francia Márquez): de malas”.
Cepeda, por su parte, aseguró que estando en la fase probatoria, la defensa del expresidente ha tratado de convencer falsamente a la población de que el proceso está favoreciendo al acusado y que los testimonios escuchados hasta el momento demostrarían su inocencia. Contrario a eso, el senador considera que la fiscal Orjuela ha logrado dejar en evidencia contradicciones y mentiras de las personas sometidas a interrogatorios.
“Nosotros tenemos en esto toda la paciencia, acatamos las decisiones judiciales. Creo que esto seguirá adelante, con lo que ha sido, hasta ahora, un muy interesante ejercicio de la Fiscalía, mostrando las contradicciones, mentiras y falacias de los testigos que ha presentado durante todos estos años el expresidente Uribe en el proceso”, precisó al medio citado.