Con un tiro de gracia, asesinaron a gestora de paz en Bolívar que hace una semana había sobrevivido a un primer atentado

Los crímenes contra líderes y lideresas sociales, así como firmantes de paz, continúa registrándose en el país, algunos, en completa impunidad.

A propósito, el viernes 21 de marzo de 2025, Seneidy Martínez, una joven lideresa social de 24 años, fue encontrada muerta en una zona rural del municipio de Achí, en el sur de Bolívar.

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Martínez, que había sobrevivido a un atentado armado el sábado 15 de marzo en Cartagena (Bolívar), fue hallada con un disparo en la cabeza, conocido como “tiro de gracia”, en un área boscosa del corregimiento de Puerto Venecia, también llamado Pajón.

De acuerdo con los reportes preliminares del hecho, el ataque que sufrió días antes había sido ejecutado por sicarios en motocicleta, en el sector de Ronda Real, en Cartagena.

En ese atentado fue asesinado Édgar Ramos Rivera, un conductor de 40 años que trabajaba para una plataforma digital de transporte. Martínez, que viajaba en el asiento del copiloto, y su hijastra, que iba en la parte trasera del vehículo, lograron salir ilesas.

Seneidy Martínez era reconocida en el sur de Bolívar por su trabajo como lideresa social y gestora de paz. Según detalló en sus redes sociales, formaba parte de la Fundación Construyendo Futuro Sur de Bolívar y de organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades campesinas en la región.

Tras el atentado del 15 de marzo, Martínez había señalado públicamente que el ataque no estaba dirigido contra el conductor sino contra ella, debido a su labor social en una zona marcada por conflictos.

En una publicación en su perfil de Facebook, la joven expresó su agradecimiento a quienes le brindaron apoyo tras el atentado y aseguró que no se quedaría callada frente a la violencia que enfrentan los líderes sociales en el país. “Prometo alzar la voz por mí y por todos los líderes que sufrimos de estigmatización por vivir en medio de conflictos como los del sur de Bolívar”, escribió Martínez.

Detalles del atentado en Cartagena y presunta persecución de la fuerza pública

El ataque del 15 de marzo ocurrió mientras Martínez y su hijastra se desplazaban en un vehículo Chevrolet Aveo blanco, con placas KJI-458, por el sector de Ronda Real, frente al barrio Los Alpes y cerca de la estación de gasolina El Amparo.

Según relató la misma lideresa, habían solicitado el servicio de transporte a través de una plataforma digital tras visitar a su expareja en la Cárcel de Ternera.

Martínez iba sentada en el asiento del copiloto cuando, al detenerse el vehículo en un semáforo, una motocicleta se acercó al lado donde ella estaba. Según su testimonio, los atacantes no la identificaron de inmediato debido a los vidrios polarizados del carro.

El primer disparo impactó el vehículo, lo que llevó a Martínez a agacharse y fingir estar muerta mientras escuchaba los gritos de su acompañante y del conductor Édgar Ramos Rivera, que no sobrevivió al ataque.

Ramos, de 43 años, era padre de dos hijos y había trabajado durante años como conductor de buseta en Cartagena antes de unirse a una plataforma digital de transporte.

De otro lado, fuentes citadas por medios locales señalan que el objetivo eran el conductor y otra persona a quienes se les vinculaba con un grupo delictivo.

Las autoridades confirmaron que la víctima mortal tenía antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar e incumplimientos relacionados con la manutención alimentaria.

Posteriormente, la líder social, protagonista del caso, contactó a varios medios denunciando hechos en los que, según ella, fue víctima de persecución estatal.

La líder detalló que los eventos comenzaron el 24 de junio de 2022, cuando su expareja fue presuntamente retenida y maltratada al estar en su compañía, siendo posteriormente acusada de portar municiones de fusil.

La líder sostiene que, pese a sus intentos por esclarecer estos sucesos ante las autoridades, consideraba que había una persecución constante. Según declaró, las acciones legales sostenidas contra su expareja incrementaron hasta que él aceptó los cargos debido a supuestas presiones ejercidas por agentes estatales.

Ante estas situaciones, la líder buscó amparo y denunciaba públicamente sentirse constantemente amenazada. Acudió a la Defensoría del Pueblo para solicitar protección, pero afirmó que tras visibilizar su caso, las amenazas se intensificaron, al punto de relacionar el ataque del 15 de marzo con su decisión de exponer su situación.