La crisis del sistema de salud en Colombia generó un éxodo de usuarios desde las Entidades Promotoras de Salud (EPS) hacia servicios médicos particulares. La falta de medicamentos, demoras en la atención y la incertidumbre sobre la reforma a la salud llevó a que cada vez más ciudadanos busquen alternativas en el sector privado. Ante esta problemática, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, expresó su rechazo a la reforma propuesta por el Gobierno nacional, al destacar la gravedad de la situación y advirtiendo que “no es broma”.
De acuerdo con diversos informes periodísticos, el sistema de salud colombiano atraviesa uno de sus momentos más críticos. La falta de insumos médicos y la reducción de tiempos de consulta han provocado que miles de usuarios opten por planes prepagados o consultas particulares, buscando garantías y una atención más oportuna. Según datos de Asemi y Fasecolda, en los últimos cuatro años se registró un incremento del 68% en la compra o traslado a estos planes, reflejando la desconfianza de la ciudadanía en el sistema público, de acuerdo con una nota periodística de Noticias Caracol.
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La doctora Diana Giles, especialista en reumatología con 20 años de experiencia, describió la situación como sin precedentes para el medio en mención: “La falta de entrega de medicamentos de forma oportuna, las interrupciones en los tratamientos de nuestros pacientes, han generado un aumento en la periodicidad de las consultas. Pacientes que antes veíamos cada tres meses, ahora los vemos cada cuatro o incluso seis meses”.
Además, señaló que las condiciones laborales de los médicos se han deteriorado, ya que los contratos con clínicas y hospitales fueron modificados, obligándolos a atender a un mayor número de pacientes en el mismo tiempo de consulta.
Los especialistas advirtieron que la crisis también repercutieron en los servicios de salud privados, puesto que el incremento en la demanda generó una mayor presión sobre los seguros de salud, planes prepagados y atenciones complementarias. Esto llevó a que algunos médicos opten por migrar a la atención privada como alternativa para garantizar una mejor práctica médica y evitar los obstáculos que enfrentan dentro del sistema público.
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas —que representa a más de 70 gremios de especialistas— alertó que los médicos son el segundo grupo más afectado por la crisis financiera del sector, después de los pacientes. “No les pagan los honorarios al talento humano. ¿Cómo cree usted que están funcionando?”, cuestionó un vocero del gremio a la fuente citada, añadiendo que en lo que va del 2024 y parte del 2025, al menos 26,630 servicios médicos fueron cerrados en el país. Entre los más afectados están ginecología, pediatría y otras especialidades clave para la atención de la población.
El descontento de los profesionales de la salud fue evidente en sus pronunciamientos públicos, en los que solicitaron al Gobierno nacional y al sector salud establecer acuerdos que permitan enfrentar el colapso del sistema. La incertidumbre generada por la reforma a la salud ha sido uno de los factores que han exacerbado la crisis, ya que no se han presentado soluciones claras para mejorar la atención y garantizar el acceso oportuno a los tratamientos.
Ante este panorama, la representante a la Cámara Katherine Miranda compartió un mensaje en la red social X en el que rechazó la reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. En su publicación, la legisladora de oposición citó la nota de Noticias Caracol en la que se evidencian las quejas de los usuarios frente a las fallas del sistema de salud y la creciente necesidad de acudir a servicios privados.
Su mensaje fue contundente: “Y aunque no lo crean, hay algunos que aún apoyan la reforma a la salud, no es broma. 😡”.
La declaración de Miranda puso de manifiesto la inquietud de distintos sectores políticos y de la sociedad respecto a la situación actual del sistema de salud. La reforma, que será sometida a consulta popular, generó un debate intenso a nivel nacional, con opiniones contrapuestas entre quienes defienden la necesidad de modificar el modelo vigente y aquellos que alertan sobre los posibles riesgos de la propuesta del Gobierno; en consecuencia, esta preocupación se ve reflejada en toda la ciudadanía del país.
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