Aplicaciones que prestan servicios de transporte como Didi, Uber, Cabify, Indrive, entre otras, están cada vez más cerca de definir su situación legal en Colombia gracias a un proyecto de Ley 136 de 2024, que busca regularlas, en medio de la oposición y descontento de gremios de taxistas, principalmente.
A propósito de esto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expresó su posición sobre este tema, asegurando que no pueden ser consideradas únicamente como intermediarias entre usuarios y conductores.
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Según informó la entidad durante una audiencia pública en el Congreso, estas aplicaciones tienen un rol más amplio que incluye la definición de precios, la oferta de vehículos y la prestación del servicio, lo que las posiciona como actores activos en el mercado del transporte.
De acuerdo con la SIC, representada por Ingrid Ortiz, delegada para la protección de la competencia, esta postura preliminar busca establecer una norma regulatoria que iguale las condiciones entre las plataformas digitales y los servicios de transporte tradicionales, como los taxis.
Ortiz señaló que las aplicaciones deben adherirse a las normativas sectoriales existentes, ya que su modelo de operación interviene en aspectos clave de los contratos entre usuarios y conductores, desafiando la idea de que solo actúan como intermediarias.
“Hemos tenido una aproximación a todas las alternativas regulatorias y en este momento, de manera preliminar, hemos considerado que las plataformas no son meras intermediarias de la prestación del servicio”, expresó Ortíz.
Cabe señalar que, algunas plataformas que operan a través de esta modalidad se han defendido al afirmar que su función principal es conectar a los usuarios con los conductores, dejando que las relaciones contractuales se desarrollen de manera privada entre ambas partes.
No obstante, según detalló la representante de la SIC, estas empresas influyen directamente en elementos esenciales del servicio, como la fijación de tarifas y la disponibilidad de vehículos, lo que las convierte en participantes activos en el mercado.
La delegada Ortiz explicó que esta intervención en “instantes determinantes del contrato” implica que las plataformas deben cumplir con las mismas regulaciones que los operadores tradicionales. Entre estas normativas se incluyen restricciones como los topes de precios, la limitación en el número de cupos para operar, las áreas geográficas permitidas y el pago de licencias, seguros obligatorios y afiliaciones. Estas exigencias, que actualmente recaen sobre los taxistas, no se aplican a los conductores de plataformas, generando un desequilibrio en las condiciones de competencia, y en efecto, la molestia de este gremio y sus representantes.
El pronunciamiento de la SIC se produjo durante una audiencia pública en el Congreso, en la que participaron representantes de los gremios de taxistas, las plataformas digitales y los usuarios.
El senador Julio Elías Vidal, autor del proyecto de ley, aseguró este debate era una deuda pendiente en el país, ya que durante más de una década las plataformas han operado sin una regulación específica.
El proyecto de ley ya superó su primer debate en el Congreso, pero aún debe ser aprobado en tres debates adicionales en el Senado y la Cámara de Representantes. Vidal destacó la importancia de abrir este diálogo, señalando que hasta ahora nadie se había atrevido a abordar el tema de manera integral.
Entre tanto, en la audiencia Edilson Rodríguez, representante de un grupo de taxistas, afirmó que se trata de un caso de “dignidad” de estos conductores, debido a que la llegada de las plataformas han provocado afectaciones en sus bolsillos.
“Bienvenidas las plataformas, pero, ¿dónde quedan los conductores de taxi que están en este momento aguantando hambre?, ¿dónde queda esa dignidad del conductor que pagó una gran cantidad de dinero y hoy no tiene para pagar esa cuota?”, afirmó.
Mientras que William Bautista Rodríguez, representante del gremio taxista, propuso crear una plataforma nacional estatal para regular el servicio de transporte, argumentando que las plataformas extranjeras no han solucionado los problemas sociales de los conductores.
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