Un caso que ha generado indignación en Colombia involucra a Jhon Jairo Bustos Espinosa, abogado, exprofesor de la Universidad Externado y vicepresidente del Grupo Empresarial Grajales.
Según denuncias presentadas ante la Fiscalía, Bustos habría cometido delitos sexuales que incluyen la grabación clandestina de mujeres en vestidores, baños públicos y otros espacios, así como la posesión de material explícito de menores de edad.
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La información fue difundida inicialmente por la cuenta de activismo contra la violencia de género Jacarandas, que también reportó que al menos nueve víctimas han sido identificadas hasta el momento.
De acuerdo con el portal mencionado, el material encontrado en los dispositivos de Bustos incluye videos tomados en vestidores de tiendas, grabaciones bajo las faldas de mujeres, imágenes de baños públicos y contenido explícito de menores de edad, algunas de ellas familiares del acusado.
Además, se señala que el abogado habría grabado a amigos mientras se bañaban o sostenían relaciones sexuales. La denuncia fue presentada por su expareja, quien descubrió los archivos y decidió entregarlos a las autoridades.
La expareja de Jhon Jairo Bustos Espinosa relató que descubrió el material mientras utilizaba una computadora compartida. Entre los archivos hallados había videos e imágenes íntimas de menores de edad, incluidas familiares y vecinas. También encontró videos tomados bajo las faldas de clientas en reuniones de trabajo.
Según el testimonio de la denunciante, al confrontar a Bustos con las pruebas, este inicialmente negó los hechos, pero luego los admitió, argumentando que padecía problemas de salud mental y prometiendo buscar ayuda terapéutica.
Sin embargo, la situación escaló cuando el abogado intentó eliminar las pruebas en varias ocasiones, llegando incluso a destruir los teléfonos de su expareja y acceder a su dispositivo para borrar los archivos que tenía la mujer en su dispositivo.
La denunciante también aseguró que Bustos la amenazó de muerte en al menos una ocasión y contrató a una abogada para intimidarla a ella y a su familia, presentando demandas por supuestos delitos en un intento de desacreditarla.
Universidad Externado confirmó que Bustos ya no trabaja en la institución
Tras la viralización del tema en redes sociales, Bustos eliminó sus cuentas en estas plataformas, incluido su perfil de LinkedIn. Infobae Colombia contactó a la Universidad Externado, que confirmó que actualmente no ejerce como docente.
Según la institución, Jhon Jairo Bustos fue profesor de hora cátedra entre 2019 y 2024. Además, la universidad condenó el caso, señalando su impacto en numerosas mujeres.
Estas denuncias no solo afectan la reputación profesional de Bustos, quien es fundador de la firma Bustos Vanegas y González y exprofesor en la Universidad Externado de Colombia, sino que también pone en evidencia las fallas del sistema judicial para actuar con celeridad en casos de esta naturaleza.
Según Jacarandas, el abogado continúa ejerciendo su profesión, lo que representa un riesgo para las mujeres que lo rodean.
El caso ha generado un llamado a la acción por parte de colectivos feministas y activistas, quienes exigen que las autoridades actúen con rapidez y contundencia para garantizar justicia y protección a las víctimas.
Según Jacarandas, la denunciante ha enfrentado un proceso revictimizante y lento, lo que pone de manifiesto la necesidad de reformas en el sistema judicial para abordar casos de violencia de género de manera más efectiva.
También tenía contratos con la Sociedad de Activos Especiales (SAE)
Bustos también tiene contratos vigentes con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para prestar servicios de asesoría y consultoría en materia tributaria, financiera, contable y jurídica, según los requerimientos de la entidad.
Sus funciones incluyen proyectar respuestas e informes relacionados con estados de cuenta, productividad, rendición de cuentas y mesas de trabajo con los depositarios, de acuerdo con los procedimientos vigentes de la Dirección Financiera.
El contrato, firmado en diciembre de 2023, tiene un valor de 180 millones de pesos y estará vigente hasta diciembre de 2024, por lo que ya habría finalizado.
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