Ponen a pensar a Petro con una nueva propuesta de reforma laboral que incluye hasta aumentos en el salario mínimo

En medio del archivo del proyecto de reforma laboral del Gobierno Petro, el Observatorio Laboral, de la Facultad de Derecho y desde el Observatorio Fiscal, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana dieron a conocer una carta dirigida a todos los colombianos en la que resaltaron la importancia de ampliar y redimensionar la discusión sobre las necesidades laborales del país y reconocer la necesidad de una reforma que atienda los retos del mercado laboral colombiano, siendo objetivos centrales la informalidad y la empleabilidad.

Los órganos académicos reconocieron que la reforma que propuso el Gobierno contiene aspectos positivos, como la extensión de la licencia de paternidad y la eliminación de obstáculos para la contratación laboral de migrantes, medidas que pueden llegar a contribuir a mejorar las condiciones laborales y promover la equidad en el acceso al empleo.

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No obstante, también identificaron disposiciones que podrían afectar de manera negativa el ya frágil mercado laboral, sumado al hecho de mantener silencio en aspectos que simplemente no pueden ignorarse. Para estos, es importante reconocer que la reducción de los costos laborales desde 2012 ha tenido un impacto positivo en la formalización del empleo, y en la última década hemos logrado avances significativos en la disminución de la informalidad.

Adicionalmente, apuntaron que ya llamaron la atención sobre la necesidad de abordar de forma más directa los problemas estructurales del mercado laboral colombiano: se tiene una de las tasas de desempleo y de trabajadores cuenta propia (autoempleo) más altas de América Latina.

“También hemos evidenciado que la no participación laboral ha aumentado en los últimos años. Sobre estas dimensiones, la reforma laboral que se estaba discutiendo carecía de mecanismos que llevara a mejorar las condiciones de los hoy excluidos de contratos laborales formales. Necesitamos una reforma laboral que legisle por ellos y logre que las personas que ganan debajo del salario mínimo puedan ganar más salarios en el tiempo”, dijeron los observatorios en la misiva.

Puntualizaron en que están convencidos de que este no debe ser el fin del debate, sino el inicio de una nueva discusión más amplia e incluyente. Por eso, creen que este es el momento oportuno para presentar una alternativa de reforma laboral que, sin desconocer los aspectos positivos de la propuesta del Gobierno, incorpore una visión integral, que considere el papel del sector privado como motor de la economía y garantice un balance entre protección laboral y sostenibilidad empresarial, en coherencia con los principios de nuestro modelo constitucional.

Dejaron entrever que a partir de un riguroso ejercicio académico desarrollado durante los últimos dos años, se elaboró una propuesta de reforma laboral que recoge los principios esenciales para modernizar el mercado de trabajo en Colombia.

Según los mismos, la propuesta busca responder de manera realista y efectiva a las dinámicas del empleo formal e informal, asegurando un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial.

“Creemos que este trabajo académico puede aportar ideas valiosas y contribuir a la construcción de una reforma integral, que impulse un mercado laboral más inclusivo, responsable y sostenible. Por ello, los invitamos a debatir y enriquecer esta propuesta en la próxima legislatura, siempre con el objetivo de beneficiar a las y los trabajadores, los empleadores, las economías informales y populares, las personas desempleadas y quienes aún no participan en el mercado laboral, con una mirada que abarque todas las dimensiones geográficas, económicas, sectoriales y culturales del mundo del trabajo”, añadieron.

Expusieron que uno de los ejes centrales de la propuesta es la necesidad de diferenciar el salario mínimo según el tamaño de la empresa y la región, lo que permitiría que los sectores y territorios con menor desarrollo puedan generar empleo sin comprometer la viabilidad de las pequeñas empresas.

Según estos, el modelo garantizaría aumentos salariales progresivos y adecuados a la productividad y el costo de vida de cada zona, sin afectar la competitividad ni restringir la contratación.

Además, consideran fundamental ampliar la posibilidad de pactar salario integral desde tres salarios mínimos en adelante, es decir, $4.269.000 (actualmente solo aplica desde diez: $14.230.000), lo que traería múltiples ventajas tanto para empleadores como para trabajadores.

Para los trabajadores, el esquema permitiría recibir una remuneración más alta y constante, ya que el 30% adicional sobre el salario base cubriría la prima de servicios, las vacaciones, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, y demás beneficios prestacionales. Esto facilita la planificación financiera y mejora su estabilidad económica, al no depender de pagos fraccionados o acumulados a lo largo del año.

Para los empleadores, la medida simplifica la administración de costos laborales, lo que reduce la carga administrativa relacionada con la liquidación periódica de prestaciones y recargos. Al incluir estos beneficios en un solo pago mensual, se mejora la previsibilidad en la gestión financiera de las empresas y se facilita el cumplimiento de las obligaciones laborales. Es importante aclarar que este modelo no es obligatorio, sino que debe pactarse de manera voluntaria entre el empleador y el trabajador, garantizando que ambas partes acuerden las condiciones que mejor se ajusten a sus necesidades.

“En este esquema, las cesantías no estarían incluidas en el 30% adicional, pero para fortalecer la estabilidad financiera del trabajador, se propone que puedan ser consignadas mensualmente por acuerdo entre las partes. Esto aseguraría que el trabajador cuente con un ahorro constante, sin necesidad de esperar la liquidación anual, dándole mayor control sobre sus recursos y permitiendo un acceso más flexible a estos fondos en caso de desempleo, educación o compra de vivienda”, detallaron.

En conjunto, anotaron que las medidas contribuirían a mejorar la calidad del empleo formal, aumentar los ingresos de los trabajadores, facilitar la gestión empresarial y fortalecer la estabilidad financiera tanto para empleados como para empleadores, con lo que se promueva un mercado laboral más eficiente, flexible y equitativo.

“Creemos indispensable garantizar la protección de los trabajadores atípicos y la universalización de la seguridad social, sin importar la modalidad contractual. Es fundamental reconocer figuras como el trabajador autónomo vinculado, asegurando que plataformas digitales, cooperativas y asociaciones mutuales afilien y coticen integralmente a la seguridad social en proporción a los ingresos de sus trabajadores, incluso cuando estos sean inferiores al salario mínimo”, remarcaron.

De esta manera, quienes trabajan de manera independiente podrán acceder a salud, pensión y riesgos laborales, sin que la flexibilidad implique precarización.

Asimismo, propusieron la implementación de un seguro de desempleo, con el objetivo de garantizar estabilidad económica a los trabajadores (formales e informales) en caso de pérdida del empleo y fomentar la formalización laboral. El mismo será de afiliación voluntaria y se financiará con un aporte del 0.5% del valor total de la nómina mensual de cada trabajador, en el caso de empleados formales, y con una prima equivalente al 0,5% de los ingresos mensuales para trabajadores independientes. Cuando exista un contratante, este podrá asumir el pago del seguro de desempleo si así lo acuerdan las partes.

Además, el mecanismo otorgará una indemnización en dinero en caso de terminación del contrato, permitiendo a los trabajadores mantener un ingreso mientras acceden a nuevas oportunidades laborales. Para optimizar su implementación, se propone que las cajas de compensación familiar administren el seguro, articulándolo con el mecanismo de protección al cesante, lo que permitiría generar ahorros adicionales y apoyos económicos estatales.

Por último, “creemos que es fundamental fortalecer los derechos sindicales, asegurando que todos los trabajadores, incluyendo independientes y empleados de plataformas digitales, tengan derecho a organizarse colectivamente, negociar mejores condiciones y acceder a mecanismos de protección ante conflictos laborales. Esto implica el reconocimiento legal de sindicatos de trabajadores no asalariados”.

Desde los Observatorios Laboral y Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta conversación y a enriquecer el debate con miras a la construcción de una reforma laboral que beneficie a todos los sectores del país.

Además, anotaron que el objetivo es que esta propuesta sea discutida en la próxima legislatura con una visión equilibrada que promueva la formalización, impulse el empleo y garantice estabilidad para trabajadores y empleadores.