El Ministerio del Interior ha expresado preocupaciones sobre el proyecto ‘Guardianes del Orden’, una iniciativa del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que buscaría incorporar expolicías y miembros retirados de la fuerza pública para fortalecer la seguridad y la convivencia en la ciudad.
En una comunicación oficial, la cartera del Gobierno solicitó precisiones sobre el alcance y las funciones de este grupo, advirtiendo sobre posibles riesgos en su implementación.
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El viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos, Gabriel Rondón, envió una solicitud formal al alcalde Galán, en la que plantea interrogantes clave sobre la naturaleza del programa. En el documento, fechado el 17 de marzo de 2025, el ministerio señala que la iniciativa debe ser revisada con atención, dado que en el país han existido “experiencias amargas” en el manejo de estructuras paralelas a la Policía.
La comunicación oficial destaca la necesidad de esclarecer diversos aspectos:
- ¿Cuál es el alcance misional del proyecto?
- ¿Cuáles son las funciones específicas de sus integrantes?
- ¿Este grupo tendrá funciones de Policía?
- ¿Qué dependencia tendrá a cargo su funcionamiento?
La cartera enfatiza la importancia de garantizar que la iniciativa se ajuste a los principios de derechos humanos y convivencia pacífica. “Lo anterior con el fin de articular y robustecer acciones estratégicas que fortalezcan la línea de trabajo entre instituciones para garantizar el impacto social”, se lee en la solicitud firmada por el viceministro Rondón.
Por su parte, Carlos Fernando Galán aseguró que el proyecto busca mejorar la convivencia sin recurrir a la fuerza policial. En una entrevista con La FM, el mandatario explicó que los ‘Guardianes del Orden’ estarán conformados por personas con experiencia en la resolución de conflictos, pero sin facultades policiales.
“No estarán armados ni ejercerán funciones de Policía, pero atenderán temas como ruido, disputas por mascotas y uso del espacio público, fortaleciendo la presencia institucional y apoyando a la Policía”, afirmó el alcalde.
Galán también anunció que la estrategia de seguridad incluye la reactivación de cerca de 300 cámaras de vigilancia en mayo, coincidiendo con la puesta en marcha de los ‘Guardianes del Orden’. Además, esta iniciativa se suma a los esfuerzos de la Policía de Bogotá para fortalecer los frentes de seguridad ciudadana, los cuales han crecido significativamente en los últimos años.
Expertos alertan sobre riesgos de la medida
A pesar de las explicaciones del alcalde, organizaciones de derechos humanos como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) han advertido sobre los riesgos de “militarización del control ciudadano”, así como la posible falta de regulación y transparencia en el funcionamiento de estos grupos.
El director de Indepaz, Leonardo González Perafán, señaló en su cuenta de X que “la creación de los ‘Guardianes del Orden’ en Bogotá genera preocupaciones legítimas sobre su posible similitud con estructuras que en el pasado han derivado en dinámicas peligrosas para la sociedad, como los grupos paramilitares, las Convivir o las redes de informantes”.
Según el funcionario, hay varios riesgos que deben considerarse:
- Militarización del control ciudadano: Si los ‘Guardianes del Orden’ tienen formación militar o policial, podrían aplicar enfoques represivos a conflictos comunitarios.
- Falta de regulación y transparencia: La ausencia de controles claros podría derivar en arbitrariedades.
- Confusión con funciones policiales: Si intervienen en disputas comunitarias, podrían superponerse con las tareas de la Policía Nacional.
El debate sobre el proyecto de los ‘Guardianes del Orden’ ocurre en un momento crítico para la seguridad de Bogotá. Recientemente, la ciudad ha sido escenario de hechos violentos, como el atentado con granada en el barrio San Bernardo, que dejó tres muertos y nueve heridos. Este tipo de incidentes ha llevado a la administración distrital a reforzar estrategias de seguridad y convivencia.
Además, la Policía ha anunciado la creación de 500 nuevos frentes de seguridad en 2025, que se sumarán a los 1.986 ya existentes y que agrupan a cerca de 46.000 ciudadanos. El incremento de estos mecanismos ha sido una de las apuestas de la administración Galán, logrando un aumento del 503% en su primer año de gobierno.
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