En Bogotá, la Secretaría de Movilidad anunció una medida que afectará a cerca de 80.000 conductores: el inicio de embargos por deudas acumuladas en comparendos. Según informó la entidad, dichas acciones legales que comenzaron en marzo y buscan recuperar una cartera vencida que asciende a 350.000 millones de pesos colombianos.
Sin embargo, la decisión impuesta por la dependencia generó controversia, especialmente por las acusaciones de falta de gestión en el cobro de estas deudas durante el periodo en que los conductores podían acceder a descuentos significativos en los intereses.
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De acuerdo con información publicada por la entidad, solo tres de cada diez ciudadanos están al día con el pago de sus multas, lo que llevó a la secretaría a tomar medidas drásticas. No obstante, el anuncio fue cuestionado por concejales como Julián Forero, que señaló que la estrategia de embargos podría estar diseñada para maximizar los ingresos a costa de los conductores, en lugar de haber promovido activamente los alivios económicos disponibles en 2024.
El origen de la polémica
El debate se centra en el manejo del artículo 318 del Plan de Desarrollo, aprobado en mayo de 2024, que ofrecía un alivio del 80% en los intereses de las deudas por comparendos. Este beneficio estaba disponible para los conductores que pagaran sus obligaciones antes del 13 de diciembre de 2024. Según el concejal Forero, la medida buscaba aliviar la carga económica de los ciudadanos y, al mismo tiempo, permitir que la Secretaría de Movilidad recuperara parte de su cartera vencida.
No obstante, la gestión de la secretaría durante ese periodo fue duramente criticada. Según datos revelados por el concejal, la cartera de morosos ascendía a 580.592 millones de pesos cuando el Plan de Desarrollo entró en vigencia. A pesar de tener seis meses para promover activamente el descuento, la entidad solo logró recaudar 10.219 millones de pesos, lo que representa apenas el 1,76% del total adeudado. Además, la Contraloría Distrital identificó un hallazgo fiscal por 4.456 millones de pesos, atribuido a la falta de efectividad en el cobro de estas deudas.
El concejal Forero criticó duramente la falta de difusión de los alivios económicos durante 2024, contrastándola con la actual campaña masiva para anunciar los embargos. Según sus declaraciones, “cuando gestionamos un alivio para el bolsillo de los conductores, la Secretaría de Movilidad fue pasiva y no anunció de manera efectiva que se tenía este descuento, pero ahora que se acabó el plazo para acceder al alivio del 80% de los intereses sí hacen una divulgación masiva sobre embargos, sembrando temor en 80.000 conductores”.
Para Forero, la gestión de los comparendos en Bogotá ha cambiado significativamente en los últimos años. Según detalló, la secretaría adoptó un enfoque más centrado en la sanción y el recaudo que en la prevención y la educación vial. Con esto, Fuchi insistió que las medidas adoptadas solo evidencian un aumento de las estrategias para imponer multas, que incluyen cámaras de fotodetección, controles en vía, cepos y agentes de tránsito dedicados exclusivamente a sancionar infracciones.
De acuerdo con los datos entregados por el cabildante, en 2023, se impusieron más de 1.300.000 comparendos, lo que refleja la magnitud de las sanciones en la ciudad. Forero sumó que la secretaría argumentó que los recursos recaudados se destinan a mejorar la seguridad vial, la infraestructura y la educación, tal como lo establece el artículo 160 del Código Nacional de Tránsito. Sin embargo, Para Forero, esa justificación no ha sido suficiente para apaciguar las críticas de quienes consideran que las multas se han convertido en una herramienta de recaudo más que en un mecanismo para mejorar la movilidad.
El impacto económico y político de los embargos
El anuncio de los embargos anunciado por la entidad de Movilidad busca recaudar en marzo una cifra equivalente al 342% de lo recaudado entre junio y diciembre de 2024, periodo en el que los alivios estaban vigentes. Para Forero, dicho objetivo ambicioso genera cuestionamientos sobre la viabilidad de la medida y su impacto en los conductores, muchos de los cuales enfrentan dificultades económicas.
Forero además señaló que continuará investigando la gestión de la Secretaría de Movilidad y las medidas adoptadas en relación con los comparendos. Según sus declaraciones, esas acciones no solo afectan a los conductores, sino que también reflejan una falta de planificación y transparencia en la administración de los recursos públicos.
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