La presidenta de la Comisión Séptima del Senado y líder del Partido Conservador, Nadia Blel Scaff, denunció que los senadores que respaldaron la ponencia de archivo de la reforma laboral han sido blanco de presiones y ataques por parte del Gobierno Nacional.
La legisladora, junto con los congresistas Miguel Ángel Pinto, Esperanza Andrade, Berenice Bedoya, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, han recibido señalamientos en distintos medios de comunicación y redes sociales, en vísperas de la discusión y votación del proyecto este martes 18 de marzo.
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Blel aseguró que los senadores opositores han sido objeto de “ataques, calumnias y amenazas” provenientes del Ejecutivo, señalando que se han utilizado plataformas estatales y personales para desacreditarlos.
“Desde hace una semana hemos sido objeto de ataques, calumnias y amenazas por parte del Gobierno nacional. Para ello han utilizado todos los recursos del Estado, la televisión nacional, las emisoras, las redes sociales, institucionales y personales, todo con el fin de atacar una rama del poder público que actúa dentro de sus competencias de manera libre e informada”, manifestó.
Además, la senadora expresó su preocupación por la seguridad de los congresistas y sus familias, y solicitó medidas de protección. Aseguró que el proceso legislativo debe desarrollarse con garantías y bajo los principios democráticos que rigen al país.
“Nosotros solo tenemos para defendernos la Constitución, la ley, los tratados internacionales y los argumentos técnicos que sirvieron como base para tomar esta decisión”, agregó.
En su intervención, Blel también criticó el enfoque del Gobierno frente a la discusión de la reforma laboral, acusándolo de desconocer la independencia de los poderes y de ejercer presiones indebidas sobre el Congreso.
“El Gobierno no oye argumentos, solo se escucha a sí mismo. El Gobierno no respeta la democracia, no respeta la separación de poderes, no respeta la institucionalidad y no respeta al Congreso de la República. El Gobierno quiere un Senado sumiso y eso no va a suceder. El Senado, a pesar de las amenazas, sabrá cumplir con su deber”, afirmó.
Pese a las dificultades, la senadora aseguró que la Comisión Séptima del Senado sesionará con normalidad y que el debate sobre la reforma laboral se llevará a cabo con transparencia y equidad para todas las fuerzas políticas.
Reafirmó el compromiso de los congresistas con la responsabilidad que asumieron tras el voto de más de 22 millones de colombianos y enfatizó en la importancia de actuar conforme a los principios democráticos, sin dejarse amedrentar por presiones externas.
Intento del Centro Democrático de frenar las reformas de Petro a través de una consulta popular
El Centro Democrático no logró reunir las firmas necesarias para convocar una consulta popular que buscaba frenar las reformas laboral, de salud y pensional propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro.
A pesar de contar con el respaldo institucional del partido y de figuras clave como Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud, el proceso no alcanzó el umbral de 1.991.310 firmas requerido por la Registraduría Nacional.
La iniciativa, que comenzó en mayo de 2023, tuvo que enfrentar varios obstáculos. Según Aristizábal, la coincidencia con las elecciones regionales dificultó la recolección de apoyos y la movilidad de los congresistas encargados de la labor, debido a problemas de orden público en algunas zonas del país.
Aunque el Consejo Nacional Electoral otorgó una prórroga de tres meses, el plazo se cumplió el 5 de abril de 2024 sin que se presentara el número de firmas necesario, lo que llevó al archivo definitivo de la solicitud.
El fracaso de esta consulta contrasta con las críticas del uribismo a la propuesta de Gustavo Petro de realizar un mecanismo similar para medir el apoyo a sus reformas. Legisladores del Centro Democrático, como Óscar Villamizar y Cristian Garcés, cuestionaron el alto costo de la iniciativa presidencial, argumentando que podría alcanzar el billón de pesos.
Sin embargo, cuando promovieron su propia consulta, defendieron este mecanismo como una herramienta legítima de participación ciudadana.
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