
Un correo electrónico enviado desde la Dirección Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ha generado controversia al ser señalado como evidencia de un supuesto uso indebido de recursos institucionales para promover la participación en una marcha convocada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según el contenido del mensaje, se habría instado a contratistas de la entidad a asistir a las concentraciones programadas para el 18 de marzo de 2025. La denuncia fue difundida a través de redes sociales por el congresista Miguel Abraham Polo Polo, quien calificó el hecho como una “falta de respeto” y pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
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“Así usa este gobierno al Bienestar Familiar, para hacer politiquería. Miles de niños muriéndose de hambre en el país y usan los recursos de la entidad para promover marcha petrista. Señores de la Procuraduría General de la Nación, esperamos que tomen acciones concretas. Es una falta de respeto que directivos y altos funcionarios del gobierno envíen correos desde plataformas Institucionales presionando a contratistas para que asistan a la marcha de Petro. Las intuiciones no son para esto”, explicó Polo Polo.
De acuerdo con la publicación de Polo Polo, el correo electrónico fue enviado por Édgar Quevedo Moreno, quien figura como director encargado de la Dirección Regional Antioquia del Icbf.

En el mensaje, fechado el 17 de marzo de 2025, Quevedo Moreno se dirige a los contratistas de la entidad con un “cordial saludo” y les solicita que se presenten en los puntos de concentración definidos para la ciudad de Medellín o, en el caso de los centros zonales ubicados fuera de la capital antioqueña, que se unan a las marchas organizadas en sus respectivas áreas. El correo concluye con un agradecimiento por la participación.
La denuncia ha generado un intenso debate en redes sociales y en el ámbito político. Según Polo Polo, este tipo de acciones representan un uso indebido de las instituciones públicas, que deberían estar enfocadas en atender las necesidades de la población, especialmente en un contexto donde, según él, “miles de niños se están muriendo de hambre en el país”.
El congresista también señaló que el envío de este tipo de comunicaciones desde plataformas institucionales constituye una forma de presión hacia los contratistas, quienes podrían sentirse obligados a participar en actividades políticas para no poner en riesgo su relación laboral con la entidad.
El mensaje atribuido a Quevedo Moreno ha sido interpretado por críticos como un intento de movilizar a empleados y contratistas del Icbf en apoyo a las políticas del gobierno de Gustavo Petro.

En este sentido, Polo Polo hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que tome “acciones concretas” frente a lo que calificó como una situación inaceptable.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una entidad clave en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en Colombia, se encuentra ahora en el centro de esta polémica.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Icbf, ni de la Dirección Regional Antioquia en relación con las acusaciones.
La Procuraduría General de la Nación, como órgano encargado de vigilar la conducta de los servidores públicos, podría desempeñar un papel crucial en la resolución de este caso. Si se comprueba que hubo un uso indebido de recursos públicos o una vulneración de la neutralidad política, podrían derivarse sanciones para los responsables.
Por ahora, la denuncia sigue generando reacciones en distintos sectores, mientras se espera una respuesta oficial que aclare los hechos y determine las posibles consecuencias legales y administrativas.
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