El anuncio del presidente de la República, de declarar día cívico el martes 18 de marzo de 2025, día en el que se adelantarán diferentes manifestaciones en respaldo a las reformas laboral y de la salud, que están vilo en su trámite en la Comisión Séptima del Senado, continúa generando reacciones entre los mandatarios locales. Mientras unos apoyan la medida, otros han salido en rechazo a la misma, al considerar que no se pueden parar las actividades de las entidades estatales, pues supondría un aparente detrimento patrimonial.
El jefe de Estado, que convocó a una consulta popular para obligar al Congreso a que fomente la discusión de las iniciativas, anunció que esta jornada determinará el inicio de la campaña por el éxito de este mecanismo de participación ciudadana, que necesitará del 33% del censo electoral para que pueda considerarse válido y, del mismo modo, que la mitad más uno de los que voten en la jornada –que se presume sería en octubre– se decanten por la opción afirmativa para que se aprueben los interrogantes sometidos a consideración.
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“El martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos porque violará la ley. El martes comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico, como lo será el día de las elecciones“, expresó el primer mandatario el viernes 14 de marzo, desde Aracata (Magdalena): en donde entregó tierras a las comunidades indígenas de los pueblos arhuaco, kogui, kankuamos y wiwa.
Sobre el particular, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, que oficia como mandataria en un departamento que viene de sufrir las consecuencias del paro arrocero, y que además padece el flagelo de la violencia de los grupos armados ilegales, indicó que no cesarán actividades en las entidades que dependen del Estado; contrario a lo dispuesto por el primer mandatario de los colombianos.
“Respetamos y garantizamos el derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos; sin embargo, la Gobernación estará el martes 18 de marzo, trabajando, abierta y al servicio de los tolimenses”, dijo Matiz en su perfil de X, que explicó que no trabajar un día hábil significaría derrochar más de 200 millones de pesos en costos fijos que pagan los ciudadanos, según ella, “con el dinero de sus impuestos”.
A la espera del decreto presidencial sobre el día cívico anunciado por Gustavo Petro
Sin embargo, uno de los gobernantes locales que se mostró dispuesto a acatar el decreto que se emita desde el Gobierno central fue Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, que en su perfil de X se pronunció en relación con la medida anunciada por el jefe de Estado. Y avisó que se acogerá a lo determinado desde Bogotá, con miras a la jornada en la que saldrán a marchar exigiendo que el Congreso de la República apruebe las iniciativas que cursan en el cuerpo legislativo.
“Según la Constitución Política Nacional, el presidente de la República es el jefe de Estado en Colombia. Por consiguiente, nos permitimos anunciar que, una vez seamos notificados del decreto presidencial, la ciudad de Sincelejo acogerá el martes 18 de marzo de 2025 como día cívico en el sector público, en concordancia con la orientación presidencial, que es de público conocimiento”, confirmó Acuña en su mensaje, que generó comentarios a favor y en contra de la iniciativa.
Y agregó que su deber como mandatario de la capital de Sucre es nuestro deber garantizar el derecho a la protesta, como medio, según él, para incorporarse legítimamente en la agenda pública. “De igual manera, anunciamos que realizaremos nuestro habitual consejo de seguridad de todos los martes desde las 9:00 a. m., trabajando por la seguridad de la ciudad y garantizando el ejercicio pleno de los derechos de quienes participen en las posibles manifestaciones, así como de la ciudadanía en general”, expresó el mandatario local.