Crisis de inseguridad en Bogotá, las consecuencias del “millonario negocio del microtráfico y la extorsión”

La inseguridad es uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía en Bogotá, lo que ha aumentado debido a los múltiples casos de robos, hurtos y otros delitos de esta índole que se han registrado en el inicio del 2025.

A esto se suman las disputas territoriales que protagonizan las estructuras criminales de la ciudad, que el 12 de marzo explotaron una granada de fragmentación que provocó la muerte de tres personas, en lo que sería una guerra entre Los costeños y Los venecos.

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Debido a esta situación, en diálogo con Infobae Colombia, el concejal Ángelo Schiavenato, que además es abogado, entregó su postura sobre la crisis de inseguridad que se registra en la capital del país.

En primer lugar, el jurista indicó que la inseguridad en Bogotá es real y no “una simple percepción”, recordando que en 2024 se registraron 1.000 casos más de extorsión en comparación con las cifras expuestas en 2023,

“Por supuesto, detrás de estas cifras hay un gran subregistro, debido a que cientos de personas no se atreven a denunciar por miedo a represalias y la desconfianza en las autoridades. Hay quienes estiman que el 70% y el 80% de los casos de extorsión no se denuncian. Si eso fuera cierto, los casos denunciados, conocidos por las autoridades, apenas representarían un 25% de la realidad”.

Schiavenato destacó que los casos de homicidios, hurtos y otros crímenes similares siguen en aumento sin que las autoridades y la administración distrital tome cartas en el asunto.

“En mi criterio como experto en derecho penal, el desbordamiento de estos fenómenos criminales obedece, en parte, al aumento de los Grupos Delictivos Organizados (GDO) y de Grupos Armados Organizados (GAO) como el Clan del Golfo y el ELN que hoy tienen mayor presencia en la ciudad. En Bogotá hoy operan al menos 19 de estos grupos que se dedican al tráfico de estupefacientes, al hurto a personas, a comerciantes y a residencias… Todos estos grupos criminales se pelean por el millonario negocio del microtráfico y la extorsión”.

Al calificar la gestión de Carlos Fernando Galán frente a la delincuencia y la criminalidad, el concejal indicó que es deficiente, asegurando que el mandatario local incumplió su promesa de que Bogotá caminaría segura

“Por qué el alcalde asumió compromisos que de antemano sabía que no podía cumplir, como sucedió con la denuncia que yo hice sobre las supuestas cámaras de reconocimiento de placas que iba a instalar en enero de 2024, promesa que no cumplió. Hay que reconocer, eso sí, que ha demostrado disposición para escuchar y corregir. Eso quedó en evidencia al acoger mi petición de incorporar en el Plan Distrital de Desarrollo la integración de las cámaras de seguridad de Bogotá mediante la creación de un Sistema Único e Interoperable de videovigilancia”.

El cabildante indicó que Galán no se puede quedar en el cumplimiento de algunos puntos, puesto que los bogotanos esperan y necesitan más de su alcalde.

“Haremos seguimiento para que cumpla y que eso sea una realidad. Pero hoy la ciudad espera y necesita más: hay ciudadanos que viven en una suerte de prisión domiciliaria por cuenta del hampa: no pueden salir de sus casas no por orden de un juez, sino por obra de la delincuencia y la criminalidad que cada vez arrincona más a los ciudadanos”.

Schiavenato indicó que se deben desmantelar las estructuras ilegales, indicó que los fiscales no utilizan todos los mecanismos y terminan dejando en libertad a los criminales; además, afirmó que “hay varias herramientas que se están subutilizando y subestimando en la capital”.

“El uso de cámaras de reconocimiento de placas que hoy tiene la ciudad para perseguir a los bandidos, no a los ciudadanos a través de las fotomultas, como actualmente sucede. Hoy los delincuentes tienen motos de alto cilindraje, armas de última tecnología y dotación que excede las de nuestra fuerza pública. Desde el punto de vista político, es fundamental que el ciudadano sepa que la autoridad está de su lado. Las campañas sobre los números para denunciar la extorsión deben volver”, declaró Ángelo Schiavenato.

Por último, Schiavenato indicó que el único camino que puede garantizar que las autoridades combatan a los grupos delincuenciales es que se registre una intervención por parte del Gobierno nacional en la capital.

“La administración actual ha demostrado que, pese a las buenas intenciones, no tiene los recursos necesarios para hacer frente a una macrocriminalidad como la que estamos enfrentando. Sería un error desconocer las dinámicas de estas bandas criminales: no podemos enfocarnos en atacarlas exclusivamente desde lo local cuando sabemos que operan en múltiples regiones y que sus finanzas muchas veces provienen de las actividades de narcotráfico, contrabando y extorsiones en regiones con puertos y costeras”, puntualizó.