“A nadie se le está obligando a salir a las calles el martes”: Mafe Carrascal habló del día cívico del martes 18 de marzo

Este martes tendrá lugar una jornada cívica que ha despertado un amplio debate en Colombia. El presidente Gustavo Petro convocó a los ciudadanos a manifestarse en las calles en favor de reformas clave como la reforma laboral y la reforma a la salud.

Según explicó la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, el objetivo es visibilizar el respaldo popular a estas iniciativas. En su cuenta oficial de X, la congresista aseguró que “el día cívico es un mecanismo democrático para que no se le vulnere a nadie el derecho a manifestarse”.

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Asimismo, destacó que estas movilizaciones no son una forma de presión indebida, afirmando que se enmarcan en los derechos garantizados por la Constitución.

“A nadie se le está obligando a salir a las calles el martes, el día cívico es un mecanismo democrático para que no se le vulnera a nadie el derecho a manifestarse, como es común en este país. Vamos todos y todas a las calles y a las plazas. En Bogotá salimos desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar a encontrarnos con el presidente”, se puede leer en su publicación.

En Bogotá, el recorrido comenzará desde el Parque Nacional y concluirá en la emblemática Plaza de Bolívar, donde el presidente Petro se reunirá con la ciudadanía. “Vamos todos y todas a las calles y a las plazas”, enfatizó Carrascal.

Según declaraciones recogidas por W Radio, la congresista subrayó la importancia de estas reformas para los trabajadores asalariados y no asalariados, resaltando que esta propuesta busca formalizar el trabajo de por lo menos un millón y medio de personas en el país.

Sin embargo, no todos coinciden con esta visión. Desde la bancada de Cambio Radical, la representante Carolina Arbeláez expresó sus críticas hacia esta estrategia, argumentando que se trata de un método polarizador y poco efectivo.

En la misma entrevista con W Radio, Arbeláez afirmó que “el llamado permanente a la calle solo genera polarización y es una forma de crear una cortina de humo”. La representante opinó también que la reforma laboral, en su forma actual, no genera empleo y afectará a pequeños y medianos empresarios. “Es una reforma que va en contra de la productividad y que vuelve inviable abrir negocios como tiendas, supermercados o peluquerías”, expresó.

En relación con las consultas populares mencionadas por el presidente, Carrascal defendió que el Gobierno busca volver a temas laborales esenciales que fueron modificados desde 2002 por la Ley 789 del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estas medidas, señaló, precarizaron las condiciones laborales en el país. “Antes del 2002, teníamos la jornada nocturna desde las seis de la tarde, pero fueron derechos que se nos arrebató”, declaró a W Radio.

Por otro lado, Arbeláez señaló que, aunque Petro intenta reconectar con la ciudadanía mediante estos actos, su estrategia responde más a un desgaste político. “Tiene que declarar un día cívico para casi que obligar a los funcionarios a salir a las calles porque ya la gente no le copia”, declaró a W Radio.

Además, mencionó presuntos gastos cuestionables relacionados con las manifestaciones, como la compra de gorras a elevados costos y la organización de eventos para incentivar la movilización. “Con los recursos públicos quieren sacar a la gente porque solos no son capaces”, añadió al medio mencionado.

El contexto de estas reformas muestra divergencias significativas entre los parlamentarios. Por una parte, Carrascal afirmó que, durante los tres años de discusión de la reforma laboral en el Congreso, se buscó construir consensos que incluyeran a todos los sectores políticos y sociales. “Se escuchó a todos, incluidos gremios y la academia”.

Sin embargo, lamentó que, una vez enviada al Senado, las mayorías buscaron archivarla sin un debate profundo, en sus palabras, “tratando de pasar por encima del mandato popular y de los millones que votaron por este programa de Gobierno”.

Por su parte, Arbeláez reconoció que hubo disposición para dialogar con el Gobierno en otras reformas, como la reforma agraria y la educativa, señalando que avanzar mediante consensos es posible. Sin embargo, sostuvo que, en el caso puntual de la reforma laboral, el Gobierno prioriza la confrontación en lugar del diálogo.

“Al Gobierno no le gusta concertar, habla de un bloqueo institucional, pero el Congreso le ha aprobado varias iniciativas, incluso su ambicioso plan de desarrollo”, afirmó en la entrevista con la emisora.

A estas divisiones se suma el debate por la viabilidad futura de las reformas mediante una consulta popular. Según Carrascal, estas iniciativas no solo buscan dignificar el trabajo, también fortalecer la economía, aumentando el poder adquisitivo de los trabajadores.

“Este gobierno lo ha demostrado subiendo el salario por encima de la inflación de manera histórica”, destacó. Entretanto, Arbeláez cuestionó que el mecanismo tenga el efecto esperado, indicando que “la ciudadanía no respalda este tipo de medidas polarizadoras, y el presidente sabe que ha perdido apoyo popular”.