Una denuncia formal fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, específicamente en la Sala Especial de Instrucción, en contra de la senadora Paloma Susana Valencia Laserna, senadora del partido político Centro Democrático.
Según informó el abogado Miguel Ángel del Río Malo, que actúa como apoderado judicial de la médica Deyanira Gómez Sarmiento (expareja sentimental de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra Álvaro Uribe), la acción legal se fundamenta en presuntas declaraciones injuriosas y calumniosas realizadas por la congresista a través de la red social X.
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De acuerdo con la denuncia, los hechos se remontan al 3 de marzo de 2025, cuando la senadora Valencia, desde su cuenta oficial en la plataforma (@PalomaValenciaL), habría emitido afirmaciones que, según el abogado Del Río, constituyen una afectación directa al buen nombre y la honra de Gómez Sarmiento.
La denuncia incluye los delitos de injuria, tipificado en el artículo 220 del Código Penal colombiano, y calumnia, contemplado en el artículo 221 del mismo código, además de circunstancias agravantes establecidas en el artículo 223.
La senadora Paloma Valencia, quien asumió su cargo el 20 de julio de 2022 como representante del Centro Democrático, enfrenta esta acción judicial en un contexto de alta sensibilidad política.
Según consignó el abogado Miguel Ángel del Río, las declaraciones de Valencia no solo habrían afectado la reputación de su defendida, sino que también podrían tener implicaciones legales más amplias, dependiendo de lo que determine la investigación de la Corte Suprema.
El documento presentado ante la Sala Especial de Instrucción detalla que la médica Deyanira Gómez Sarmiento, quien es la denunciante en este caso, habría sido objeto de señalamientos que, según el abogado, carecen de fundamento y buscan desacreditarla públicamente. Aunque no se especificaron los términos exactos de las declaraciones de Valencia en la red social, la denuncia subraya que estas habrían sido realizadas de manera pública y con alcance masivo, dada la naturaleza de la plataforma digital.
La denuncia se sustenta en varios artículos del Código Penal colombiano. El artículo 220 define la injuria como la imputación de hechos o expresiones que deshonren o desacrediten a una persona, mientras que el artículo 221 tipifica la calumnia como la atribución falsa de un delito a otra persona.
Además, el artículo 223 establece circunstancias agravantes que podrían incrementar las penas en casos donde las conductas se realicen a través de medios de comunicación masivos o con el propósito de generar un daño significativo.
El abogado Miguel Ángel del Río enfatizó en su denuncia que las declaraciones de la senadora Valencia habrían sido realizadas con conocimiento de su falsedad o, al menos, con una evidente falta de diligencia en la verificación de los hechos. Esto, según el apoderado judicial, agrava la situación y refuerza la necesidad de que la Corte Suprema investigue a fondo el caso.
Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial por parte de la senadora Paloma Valencia respecto a la denuncia presentada en su contra. Sin embargo, este caso podría tener repercusiones relevantes tanto en el ámbito político como en el judicial, dado que involucra a una figura pública de alto perfil y a una profesional de la salud que, según la denuncia, habría sido afectada en su integridad personal y profesional.
La Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Especial de Instrucción, será la encargada de determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra la congresista. Este proceso podría incluir la recolección de pruebas, testimonios y análisis de las publicaciones realizadas en la red social X, antes Twitter.
La denuncia presentada por el abogado Miguel Ángel del Río busca que se establezca si las declaraciones de la senadora Valencia constituyen un abuso de su posición como congresista y si estas vulneraron los derechos fundamentales de Deyanira Gómez Sarmiento. La decisión de la Corte Suprema será crucial para definir los alcances legales de este caso y podría sentar un precedente importante en la regulación del discurso político en Colombia.
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