Fiscal Luz Adriana Camargo defendió su posición en el escándalo de la Dian: “Reitero, recomendar no es un delito”

Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación, ratificó su posición frente a las denuncias de presuntas presiones políticas para nombrar a funcionarios en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que tiene como protagonista a Luis Carlos Reyes, exdirector de la entidad y exministro de Industria, Comercio y Turismo.

En conversación con Juan Manuel Acevedo, en Noticias RCN, la fiscal aseguró que no se arrepiente de la afirmación que entregó cuando se conoció la denuncia de Reyes.

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Camargo afirmó que para que se consolide un tráfico de influencias debe tener otros elementos, razón por la cual ratificó su postura sobre que “recomendar no es un delito”.

“No me arrepiento, porque lo que yo creo es que uno debe hablar claro”, aseveró Luz Adriana Camargo, manteniendo su postura de que “recomendar no es un delito... para que eso fuese un delito, que debería ser un tráfico de influencias, tiene que tener muchos otros elementos”.

La jefe del ente acusador aseguró que recibieron un cuadro de Excel donde aparecían varios integrantes del Congreso de la República, quienes habrían hecho recomendaciones al exdirector de la Dian, razón por la cual podrían ser investigados por la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, Camargo explicó que para ser investigados deben tener pruebas sobre a quién le están realizando la petición y que quieran obtener un beneficio, pero, según ella, “nada de eso estaba en ese listado”.

Por tal motivo, indicó que cuando se recibieron todos los datos y posteriormente se realizó la investigación para encontrar alguna cercanía con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, no encontraron ninguna actitud adversa a la ley, motivo por el cual no compulsaron copias.

“En verdad no consideramos que existiese alguna conducta que debiera ser investigada desde la Corte Suprema de Justicia desde las averiguaciones que nosotros llevábamos. Cuando ese escándalo revienta, una magistrada de la sala de instrucción de la Corte solicita que se le remita a ella el dictamen”, resaltó Camargo en la entrevista con el citado medio.

Sobre el caso de alias Papá Pitufo, la fiscal indicó que “este tipo de investigaciones son muy enredadas”, razón por la cual explicó que se encontraron dos frentes de trabajo.

“Un frente de trabajo en delitos fiscales y otro frente de trabajo en corrupción, donde básicamente se investigaba lo mismo”, expresó Camargo a Noticias RCN.

En entrevista con Cambio, la fiscal aseguró que desde su llegada al cargo ha insistido en una gestión basada en el trabajo técnico y la transparencia. Destacó que la Fiscalía ha reforzado su comunicación institucional, reabriendo la sala de prensa, pero sin recurrir a filtraciones o tratos preferenciales con los medios.

Aseguró que la información debe ser entregada de manera equitativa a todos los periodistas y que el acceso a las audiencias públicas y boletines oficiales garantiza un cubrimiento equilibrado.

En relación con posibles aportes irregulares a la campaña de Gustavo Petro, afirmó que este tema es objeto de investigación. Aclaró que, si bien se ha dicho que en el momento de esos aportes no había investigaciones en curso, al asumir encontró procesos que datan de 2017. También señaló que, hasta que no se establezca responsabilidad judicial, debe prevalecer la presunción de inocencia.

Al ser consultada sobre la posible omisión de denuncia por parte de personas cercanas al presidente, Camargo explicó que este delito solo se configura cuando quien omite la denuncia es un servidor público. No descartó ninguna hipótesis y afirmó que la Fiscalía debe explorar todas las líneas posibles dentro del proceso investigativo. Sostuvo que el caso es complejo y requiere un análisis detallado de las pruebas recolectadas.

En cuanto a las investigaciones por corrupción en la Ungrd, señaló que se han logrado seis preacuerdos combinados con principios de oportunidad. Estos acuerdos involucran a altos funcionarios, como el director y subdirector de la entidad, y buscan acelerar los procesos judiciales y garantizar una reparación económica. Según la fiscal, hasta la fecha se han recaudado alrededor de 4.000 millones de pesos dentro de este esquema.

Aseguró que estos acuerdos no implican impunidad, ya que las personas involucradas tienen el compromiso de testificar en los juicios. En su opinión, esto fortalece los casos y permite obtener resultados judiciales más efectivos. Explicó que la Fiscalía ha cambiado la forma en la que mide sus resultados, alejándose del enfoque anterior basado en la cantidad de capturas y enfocándose en la calidad de las pruebas y los procesos judiciales.