La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionó en su más reciente columna la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro, asegurando que el país se ha quedado sin una estrategia efectiva para combatir el narcotráfico. Según Valencia, la administración actual eliminó los programas de erradicación forzosa y voluntaria de cultivos ilícitos, lo que ha derivado en un aumento significativo de las hectáreas sembradas con coca y en una disminución de la incautación de cocaína.
De acuerdo con sus cifras, el país cuenta actualmente con más de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, mientras que la interdicción solo alcanza el 28% de la producción de cocaína. En contraste, sostiene que en los últimos 12 años el promedio de incautaciones fue del 45%.
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En este sentido, señala que la estrategia de Petro de priorizar la interdicción sobre la erradicación ha fracasado, pues en 2023 el potencial de cocaína producida alcanzó 2.664 toneladas, un aumento del 53% respecto a 2022. Además, enfatiza que el narcotráfico mueve cerca del 5% del PIB y que la cantidad de hombres en armas en grupos ilegales ha aumentado en 3.500, alcanzando un total de aproximadamente 17.000 combatientes, superando las cifras previas a la firma del acuerdo de paz con las Farc.
La senadora también critica la intención del Gobierno de implementar el estado de conmoción interior en el Catatumbo para relanzar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos mediante incentivos económicos.
Petro ha anunciado pagos de hasta 1,4 millones de pesos a los cocaleros que decidan sustituir la coca por cultivos como café, cacao, piscicultura o aguacate. Sin embargo, Valencia califica esta propuesta como una repetición del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) pactado en el acuerdo de paz con las Farc, el cual considera fallido.
“Lo grave es que es un gobierno que no sabe, pero tampoco aprende. Pretenden usar el estado de conmoción interior en el Catatumbo para repetir políticas públicas que ya fracasaron: la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a través de incentivos económicos”, señaló en su texto la parlamentaria.
Para respaldar su postura, cita estudios que indican que la sola expectativa de recibir pagos del gobierno llevó a un aumento en la siembra de coca en 2017. Un estudio del Departamento Nacional de Planeación reveló que el programa provocó un incremento de los cultivos de coca en 8,87 veces dentro de las parcelas beneficiadas y en 4,81 veces en las zonas aledañas. Según Valencia, esto demuestra que el programa no solo incentivó la resiembra entre quienes recibieron los subsidios, también alentó a otros campesinos a sembrar coca para acceder a beneficios estatales.
Otro de los problemas que señala la senadora es el riesgo que corren los campesinos en zonas controladas por grupos armados. Argumenta que, en estos territorios, los cocaleros no pueden decidir libremente erradicar sus cultivos, ya que los grupos ilegales los amenazan de muerte. Cita un estudio del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) que indica que en los municipios donde se aplicó el Pnis la tasa de asesinatos de líderes sociales aumentó en un 546%.
Como ejemplo de esta problemática, menciona el caso de Argelia, Cauca, donde el cabecilla de la disidencia Carlos Patiño obliga a los campesinos a presionar por la salida del Ejército. Según Valencia, quienes no acatan estas órdenes enfrentan el riesgo de quedarse sin compradores para su producción de coca, lo que los convierte en dependientes de las dinámicas impuestas por los grupos ilegales.
Finalmente, la senadora presenta una propuesta alternativa para un futuro gobierno. Propone un enfoque basado en la transformación productiva, con una visión exportadora y garantía de compra. También plantea la necesidad de negociar requisitos fitosanitarios con Estados Unidos y de utilizar estudios satelitales para identificar beneficiarios antes de anunciar cualquier programa de sustitución. Además, subraya la importancia de intervenir en áreas de manejo especial, como parques naturales, reservas y cabildos indígenas, donde se concentra el 50% de los cultivos de coca, así como en las zonas de frontera, que albergan el 39% de estas plantaciones.
Con estas críticas y propuestas, Paloma Valencia reitera su posición de que el gobierno de Petro no solo ha debilitado la lucha contra el narcotráfico, sino que está reviviendo estrategias que, a su juicio, ya han demostrado su ineficacia en el pasado.
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