La Fiscalía y La Defensoría respaldan, con observaciones, la medida de Conmoción Interior para el Catatumbo

La Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo han intervenido ante la Corte Constitucional para emitir sus respectivos posicionamientos sobre la controvertida declaratoria de Conmoción Interior en la zona del Catatumbo, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro mediante el Decreto 062 de 2025.

Ambas instituciones han recalcado la gravedad de la crisis humanitaria y de seguridad en la región, aunque difieren en algunos puntos respecto a la aplicación y alcance de esta medida excepcional.

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Según reporta El Tiempo, la Fiscalía respaldó la declaratoria como un mecanismo clave para enfrentar la violencia desmedida y el deterioro del orden público en Catatumbo, una región que ha sufrido recientemente los embates de enfrentamientos entre grupos armados, como el ELN y las disidencias de las Farc, que han dejado más de cincuenta mil desplazados y cuarenta personas asesinadas desde enero.

“Considera la Fiscalía que el Decreto 062 de 2025 sometido a su estudio en esta ocasión, es necesario para normalizar la gravísima situación de orden público en la región del Catatumbo”, explica el documento firmado por Alejandro Alvarado, funcionario del ente acusador, de acuerdo con el medio.

La Fiscalía también enfatizó que esta declaración permitirá a las entidades estatales concentrarse en servicios esenciales para la población civil afectada, informa El Tiempo.

No obstante, la Defensoría del Pueblo ha adoptado una posición con matices, respaldando la gravedad de la crisis pero advirtiendo sobre la utilización de esta medida excepcional.

Según recoge un pronunciamiento oficial citado por la institución y divulgado en El Tiempo, se pidió a la Corte Constitucional que ejerza “un control estricto sobre la necesidad de la medida”, verificando si las herramientas ordinarias del Estado habían sido debidamente agotadas antes de recurrir a la figura de la conmoción interior. También instaron a que cualquier decisión extraordinaria sea proporcional y se ajuste a los derechos fundamentales, como señaló el órgano de derechos humanos.

En el marco de la solicitud, la Defensoría también planteó la importancia de escuchar a las comunidades afectadas, solicitando la convocatoria de una audiencia pública en el Catatumbo. Este espacio, de acuerdo con la institución, serviría para recoger testimonios de primera mano sobre las necesidades de la población afectada por la violencia en la región.

“La gravedad de la situación amerita que las comunidades sean escuchadas”, afirmó el organismo en declaraciones recogidas por Zona Cero, subrayando la urgencia de medidas estructuradas más allá de la intervención militar.

Sin embargo, la crisis no se limita exclusivamente al Catatumbo. En declaraciones realizadas sobre otro foco de violencia en el suroccidente del país, el presidente Gustavo Petro afirmó que “jamás saldrá el Ejército de Colombia ni del Plateado ni del Micay”, en respuesta al incremento del conflicto en áreas como El Plateado, en el municipio de Argelia (Cauca).

Según publicó El Espectador, Petro también anunció que “se extenderá la conmoción interior al Micay para financiar la ofensiva militar y social definitiva” en caso de persistir la retención de uniformados en poder de los grupos armados en la zona.

La postura de Petro impulsa una estrategia mixta que combina operativos militares con programas sociales de impacto en territorios marcados por economías ilícitas, como los cultivos de hoja de coca. “Esperamos del campesinado libre su decisión para incluirse en el programa de pagos masivos por erradicación de las plantas de coca”, puntualizó el mandatario, reiterando la intención del gobierno de fortalecer iniciativas productivas y económicas en el campo.

En el contexto del Catatumbo, no solo han sido destacadas las operaciones militares como eje central de la estrategia estatal. Tal como indicó la Fiscalía, uno de los objetivos prioritarios bajo la vigencia del Decreto 062 sería garantizar la presencia judicial en una región que, según la entidad, enfrenta un déficit crítico en la actividad de sus fiscales debido “a las amenazas contra su integridad personal”. En el comunicado, la Fiscalía recordó el caso del asesinato de la fiscal Esperanza Navas ocurrido en el año 2021 como un ejemplo de las dificultades para operar en la zona.

Por último, la Defensoría del Pueblo subrayó la necesidad de adoptar un enfoque integral que no limite el accionar estatal exclusivamente a acciones de fuerza. Señalaron la importancia de medidas de asistencia humanitaria inmediata, especialmente para los 50.000 desplazados registrados, así como la reactivación de herramientas de diálogo y paz con enfoque territorial.