Un fuerte ataque en contra de la Fuerza Pública del sur del departamento de Bolívar se reportó sobre el mediodía del sábado, 8 de marzo del 2025.
De acuerdo con la información preliminar que obtuvo Blu Radio, el ataque se habría efectuado con con un artefacto explosivo en contra de una patrulla motorizada de la Policía, a las afueras del municipio de Santa Rosa del Sur. Se reportó el fallecimiento de un uniformado y otro herido (Horas después las autoridades confirmaron el fallecimiento de ambos miembros de la fuerza pública).
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El hecho acontece en un fuerte contexto de escalada de violencia, en el que grupos armados ilegales estarían operando en la zona. Dos semanas atrás, a finales del mes de febrero, se conocieron intenciones de confinamiento por parte de estructuras ilegales, en el mismo municipio con cilindros explosivos.
Grupos armados siembran terror en el sur de Bolívar con cilindros bomba y ataques a la infraestructura escolar
La crisis de orden público en el sur de Bolívar ha escalado a niveles alarmantes debido a la presencia de grupos armados ilegales que, en su lucha por el control territorial, han sometido al confinamiento de la comunidad mediante el uso de explosivos. Según las autoridades, al menos cuatro corregimientos se encuentran bajo esta grave situación.
El caso más crítico se registra en Altos de la Brisa, zona rural de Santa Rosa del Sur, donde los grupos al margen de la ley han instaurado un régimen de terror colocando cilindros bomba desde las seis de la tarde y retirándolos en la mañana siguiente. Esta táctica de intimidación ha paralizado la vida cotidiana de los habitantes, impidiéndoles salir de sus hogares y realizar sus actividades diarias con normalidad.
El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, denunció la situación y advirtió sobre la necesidad de una respuesta contundente del Gobierno Nacional. “Es una situación compleja la que se vive en el sur de Bolívar. Lo último que queremos es que se normalice la situación de orden público que enfrentamos en el departamento. En este momento tenemos cuatro poblaciones confinadas; en una de ellas, a las seis de la tarde, siembran cilindros bomba para evitar que las personas salgan, y los recogen en la mañana”, expresó.
Además de Altos de la Brisa, los corregimientos de El Tomate, en Santa Rosa del Sur, y Minguillo y Mina Piojó, en el municipio de Montecristo, también han sido afectados por la violencia y las amenazas de los grupos ilegales.
Berrío hizo un llamado al Ejecutivo para que defina una estrategia clara frente a estos grupos armados. “El llamado al Gobierno Nacional es que definamos una postura clara: si vamos a combatir a estas personas o si vamos a hacer la paz con ellas. Pero no podemos estar sentados en una mesa de diálogo hablando de paz mientras en el territorio sigue el desplazamiento, los combates y la muerte de nuestros conciudadanos”, manifestó.
La violencia también ha generado desplazamientos forzados en varias zonas. Organizaciones locales, como la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, han denunciado que los recientes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc, junto con el ELN, han obligado a decenas de familias a abandonar sus hogares en Mina Central, zona rural del municipio de Morales.
Los combates no solo han afectado a la población civil, sino que también han causado daños significativos a la infraestructura de la región. Según denuncias de los habitantes, los tiroteos han impactado gravemente viviendas y la única institución educativa del área.
La Defensoría del Pueblo también ha emitido una alerta urgente sobre la grave crisis humanitaria que afecta a los municipios de Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Montecristo, en el sur del departamento de Bolívar, Colombia. Según informó la entidad, la intensificación de los enfrentamientos entre diversos Grupos Armados Organizados (GAO), que buscan controlar los recursos mineros de la serranía de San Lucas, ha generado un escenario de violencia y vulneración de derechos humanos que afecta profundamente a las comunidades locales.
De acuerdo con la Defensoría, en lo que va del año 2025, la región ha sido testigo de al menos cuatro desplazamientos forzados masivos, el confinamiento de cinco poblaciones, homicidios selectivos, amenazas contra líderes sociales, reclutamiento de menores de edad y un incremento en el uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados. Entre los hechos más recientes, el pasado viernes se reportó el asesinato de Robinson Loaiza López, un líder comunitario de la vereda El Golfo, en el municipio de Santa Rosa del Sur.
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