Andi destapa el abismo financiero que causaría la reforma a la salud, déficit podría llegar a $141 billones

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su profundo rechazo ante la aprobación de la reforma a la salud promovida por el Gobierno nacional, argumentando que la iniciativa no solo deja sin resolver los problemas estructurales que aquejan al sistema de salud, sino que además incrementa de manera alarmante el riesgo financiero del sector. En un análisis, la Andi alertó sobre un déficit fiscal de proporciones preocupantes, el cual podría alcanzar los $141,4 billones en los próximos diez años, poniendo en peligro la viabilidad del sistema y la atención médica de millones de colombianos.

El estudio técnico elaborado por el gremio empresarial contrasta fuertemente con las proyecciones presentadas por el Ministerio de Salud, entidad que estima un superávit de $21,8 billones en el mismo periodo. Esta discrepancia de $163 billones entre ambas estimaciones genera inquietud entre expertos, economistas y sectores vinculados a la prestación de servicios médicos, quienes advierten que la falta de claridad en las cifras podría derivar en un manejo fiscal inadecuado, afectando la calidad y cobertura del sistema.

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Uno de los puntos más críticos señalados por la Andi es el incumplimiento en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un problema que es objeto de advertencias por parte de la Corte Constitucional. En el Auto 007 de 2025, el alto tribunal ordenó al Gobierno realizar un ajuste y revisión de la UPC de los últimos años, además de definir un nuevo método de cálculo para el año en curso, con el objetivo de garantizar que los recursos destinados a la salud sean suficientes y respondan a las necesidades reales del sistema.

Para la Andi, la reforma en su estado actual no solo ignora estas observaciones, también profundiza la crisis financiera al proponer un cambio estructural sin antes resolver los problemas de sostenibilidad económica. Desde su perspectiva, modificar completamente el modelo de salud sin contar con una planeación financiera sólida y sin solucionar los déficits ya existentes compromete la estabilidad del sistema y vulnera el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos.

Así mismo, la asociación señaló que la propuesta podría desestabilizar aún más las finanzas del sector. Uno de los principales cuestionamientos del gremio fue la ampliación de las responsabilidades estatales sin una planificación clara sobre cómo se garantizarían los recursos para financiarlas. A su juicio, esta falta de previsión en las fuentes de financiamiento aumentaría el déficit del sistema, comprometiendo su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

En paralelo, la Andi analizó otro aspecto clave de la reforma: los supuestos del Gobierno sobre la reducción en el gasto de los servicios de mediana y alta complejidad. Según la administración nacional, el fortalecimiento de la atención primaria llevaría a una disminución inmediata en la demanda de estos niveles de atención, reduciendo así la presión financiera sobre el sistema. Sin embargo, la Andi consideró que esta proyección carece de sustento, pues no toma en cuenta diversos factores que marcaron la evolución del sector en los últimos años.

Para el gremio, resulta improbable que el gasto en servicios especializados se reduzca en el corto plazo, ya que existen elementos estructurales que seguirían impulsando su crecimiento. Entre ellos, mencionó el envejecimiento progresivo de la población, que conlleva un aumento en la demanda de tratamientos médicos más avanzados, así como la incorporación de nuevas tecnologías en la prestación de servicios de salud.

Si bien la implementación de nuevas tecnologías en el sector salud contribuye significativamente a mejorar la calidad de la atención brindada a los pacientes, optimizando los diagnósticos y los tratamientos médicos, también conlleva un aumento considerable en los costos operativos.