“Camacol no ‘pavimenta’ la Sabana ni pone en riesgo el agua de Bogotá. Defendemos la construcción formal y ambientalmente sostenible, con planificación y respetando el medio ambiente. No se puede confundir desarrollo ordenado con depredación”.
Así de contundente fue la respuesta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), gremio que preside Guillermo Herrera, al presidente Gustavo Petro, que, por medio de un hilo en X, señaló que la entidad “no puede seguir pavimentando la Sabana de Bogotá porque dejará sin agua a nueve millones de habitantes”.
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Para él, por primera vez, deben entender que la vida esta primero que la codicia. Además, señaló que “hoy le corresponde a la misma ciudadanía defender el agua de los depredadores qué se la han quitado”.
Insistió en que “revitalizar la selva, prohibir minería en la cuenca alta del río Bogotá, descontaminar el río y sus afluentes, salvaguardar los humedales, hacer la reserva Thomas Van der Hammen y extenderla, utilizar masivamente el agua lluvia”.
Construcción de viviendas en el limbo
Los señalamientos de Petro llegaron en respuesta a un comunicado de prensa de Camacol en el que se rechazó el proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente denominado ‘Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá”, que, según expertos, pondría en riesgo varios proyectos de envergadura para el desarrollo de la capital de la República y, principalmente, porque afectará la construcción de 360.000 viviendas, de las cuales el 65% son de interés social (VIS).
En dicho comunicado, el gremio expuso que “la decisión del Ministerio de Ambiente deja en el limbo a miles de familias, proyectos de vivienda e infraestructura esenciales para Bogotá y más de 30 municipios”.
Según este, el mismo documento no solo genera incertidumbre jurídica y paraliza el desarrollo urbano, sino que también desconoce la autonomía territorial y el derecho de los ciudadanos a una ciudad planificada y sostenible. “Desde Camacol respaldamos las acciones anunciadas por el alcalde Carlos Fernando Galán para defender el ordenamiento de la ciudad y garantizar el acceso a la vivienda y el bienestar de los bogotanos”, aseveró el presidente de la entidad, Guillermo Herrera.
La Cámara también dejó claro que, de acuerdo con el análisis hecho por Camacol Bogotá y Cundinamarca, el impacto de la resolución ambiental del Ministerio de Ambiente pone en riesgo la construcción de 360.000 viviendas en Bogotá y la Sabana, al bloquear el desarrollo en 2.930 hectáreas, lo que afecta de manera directa a miles de familias que buscan acceder a vivienda formal.
La norma bloquea 60 planes parciales en casi 3.000 hectáreas de suelo urbanizable, con lo que se impacta, en especial, la vivienda de interés social 8CIS), que representa el 65% de estos proyectos.
Qué más dijo Camacol
En el mismo hilo de X que se mencionó al principio, Camacol le dejó claro a Petro que la construcción formal es parte de la solución, no del problema. Manifestó que los proyectos cumplen con normativas ambientales y garantizan acceso a vivienda, infraestructura y servicios públicos a los bogotanos y cundinamarqueses. Sin planificación, el crecimiento será desordenado y sin garantías para la ciudadanía.
“La resolución del Ministerio de Ambiente no protege el agua, sino que bloquea el desarrollo y deja en el limbo a miles de familias. 360.000 viviendas, en su mayoría VIS, quedan en riesgo por una decisión unilateral sin estudios técnicos ni participación de alcaldías y ciudadanos”, insistió.
Bloqueo de la planificación
Asimismo, expresó que no se opone a la protección ambiental. Por lo tanto, apoya un desarrollo urbano sostenible, donde la vivienda formal, la infraestructura y la conservación ambiental vayan de la mano. Las decisiones deben ser técnicas, concertadas y respetar la autonomía territorial.
Y finalizó al anotar que “no es cierto que el crecimiento urbano afecte el acceso al agua”. Concluyó al apuntar que el ordenamiento territorial bien planificado garantiza que haya equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. Además, que “lo que sí genera caos es bloquear la planificación y fomentar la informalidad”.
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