
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) puso en marcha un nuevo proceso sancionatorio contra el proyecto hidroeléctrico Hidroituango debido a una presunta infracción en su licencia ambiental. La medida, que fue comunicada oficialmente a Empresas Públicas de Medellín (EPM), surge a raíz de un auto emitido por la entidad el 20 de febrero de 2025, identificado con el número 000909, y notificado a la empresa el 3 de marzo.
El proyecto hidroeléctrico Pescadero-Ituango, desarrollado por Hidrouitango S.A. E.S.P., se encuentra en el centro de la controversia debido a un posible incumplimiento de las disposiciones establecidas en la licencia ambiental registrada en el expediente LAM2233. EPM, en un reporte presentado ante la Superintendencia Financiera de Colombia, confirmó la recepción de la notificación y explicó que la Anla ordenó el inicio del procedimiento para determinar si efectivamente se cometió la infracción ambiental.
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El proceso sancionatorio representa un nuevo capítulo en la historia de esta obra de infraestructura, que estuvo bajo constante escrutinio por sus impactos ambientales y sociales en la región. Desde sus primeras fases de construcción, Hidroituango enfrenta múltiples cuestionamientos por parte de autoridades, comunidades y organizaciones ambientales, quienes señalan posibles afectaciones al ecosistema del río Cauca y a las poblaciones cercanas.
Este nuevo proceso sancionatorio se suma a otros antecedentes que rodean a Hidroituango en materia ambiental. Tan solo dos meses atrás, el 8 de enero de 2025, EPM informó sobre otra medida similar iniciada por la Anla el 27 de diciembre de 2024. Asimismo, en marzo de 2024, la entidad reguladora impuso una sanción en primera instancia, relacionada con la sustitución de dos puentes en la vía Puerto Valdivia, identificados como el puente n.° 12, denominado La Mona, y el puente n.° 14, conocido como El Atraso. Además, en ese momento se cuestionó la construcción de dos estructuras de drenaje tipo box culvert, lo que generó un proceso administrativo en contra del proyecto hidroeléctrico.
Hasta el momento, EPM evita dar detalles específicos sobre los hechos que llevaron a la Anla a considerar que se incurre en una infracción de la licencia ambiental. No obstante, la empresa manifestó que se encuentra en la fase de preparación de “acciones administrativas” para rebatir el proceso sancionatorio en curso. Cabe recordar que, en ocasiones anteriores, la compañía sostuvo que cumple con los requerimientos ambientales exigidos para la construcción y operación de Hidroituango, por lo que se espera que su defensa se base en la presentación de argumentos técnicos y jurídicos ante la Anla.

El complejo hidroeléctrico, considerado uno de los proyectos de infraestructura más grandes y estratégicos del país, ha estado en el centro del debate público por diversas dificultades que surgieron a lo largo de su desarrollo. Entre ellas, destacan las emergencias ocurridas en 2018, cuando el colapso de uno de los túneles de desviación generó un riesgo significativo para las comunidades aguas abajo del río Cauca. Desde entonces, la viabilidad y la gestión ambiental del proyecto son objeto de un escrutinio constante por parte de las autoridades y la opinión pública.
Así mismo, la Anla impuso en su momento una sanción que incluyó una multa de $1.408 millones, tras señalar varias presuntas irregularidades en el proyecto. Según se conoció, la entidad argumentó que algunas estructuras habrían sido construidas sin la debida notificación previa, lo que impidió la emisión de una autorización correspondiente.

Además, en su decisión, la autoridad ambiental hizo referencia a posibles vertimientos de aguas residuales en un campo de infiltración, “provenientes del campamento localizado en el predio El Ciruelar”, lo que habría representado otro incumplimiento dentro del proyecto.
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