El 3 de marzo, la Fiscalía General de la Nación informó que se había llevado a cabo un operativo en el que se terminó con una red de corrupción, en la que tres representantes de empresas de seguridad privada fueron capturados por ser parte de un esquema en el que entregaban acceso a armamento a grupos armados.
De acuerdo con la entidad, cuatro exmiembros de la Policía Nacional fueron detenidos durante el operativo, entre ellos dos oficiales, un coronel y un capitán, todos en condición de retiro.
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Las autoridades informaron que las empresas de seguridad privada habrían carnetizado como escoltas a líderes de estructuras criminales, incluyendo al comando de alias Terror, cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio. Durante el operativo incautaron 3.735 cartuchos de diferentes calibres, 50 pistola, 31 armas traumáticas y de fogueo, 22 revólveres y 5 escopetas.
Esta noticia hizo que varios sectores expusieran las dudas que tenían sobre la trasparencia que puedan tener las empresas de seguridad privada en el país, puesto que la fiscalía informó que las compañías facilitaban el acceso a armas de fuego y también permitían que, con la documentación entregada, los criminales pudieran tener libertad para evadir los controles de la Policía Nacional.
Entre los pronunciamientos se destacó el del presidente Gustavo Petro, que solicitó la inspección de las compañías de seguridad que estén inscritas en el territorio nacional.
“Todas las empresas de seguridad inscritas en cualquier gobierno, incluido el mío, en la Superintendencia de Seguridad deben ser reexaminadas”, escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.
Gremio de seguridad privada respondió al presidente
A través de un comunicado de prensa, desde la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip) le respondieron a Gustavo Petro, reconociendo que la captura de los uniformes en retiro deja mal parada a su gremio.
“Es un hecho grave que debe ser investigado a fondo. Sin embargo, es fundamental que este tipo de casos no afecten la reputación ni el funcionamiento de las empresas que sí cumplen con las normas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”, es parte del documento.
El gremio de seguridad privada indicó que es importante que se realicen las investigaciones exhaustivas para que se compruebe si hay más compañías vinculadas a la estructura criminal
“Es importante que se diferencie claramente entre las empresas que operan de manera legal y ética y aquellas que no cumplen con las normas. La industria de la seguridad privada es relevante para la economía colombiana, ya que genera más de 380.000 empleos y contribuye a la seguridad social y la estabilidad en el país”, declaró Miguel Ángel Díaz, presidente del gremio.
Por último, el gremio indicó cuatro puntos que para ellos deben ser ejecutados por el Gobierno nacional para garantizar que las empresas de seguridad privada están cumpliendo con sus deberes y no hacen parte del entramado criminal identificado por la fiscalía.
En uno de los puntos, Confevip denuncia que en 2024 se emitieron 40 licencias expedidas a empresas que, según ellos, no cumplen con los requisitos exigidos por la ley. Estos son los puntos resaltados por el gremio.
- Realicen una investigación exhaustiva y judicialicen a los responsables de estos hechos sin generalizar ni estigmatizar a todas las empresas del sector.
- Diferencien claramente entre las compañías que operan bajo la regulación y las que han obtenido licencias de manera irregular.
- Cancelen de inmediato más de 40 licencias expedidas el año pasado sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.
- Implementen controles más estrictos en la expedición de licencias, garantizando que solo empresas con altos estándares de calidad y confiabilidad puedan operar.
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