El gremio de comerciantes Fenalco, liderado por su presidente Jaime Alberto Cabal, le solicitóal Congreso de la República el archivo de la reforma laboral propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, argumentando que esta medida podría generar un impacto negativo en el empleo y en los costos laborales de las empresas.
Según estimaciones del gremio, basadas en datos del Banco de la República, la implementación de esta reforma podría llevar a la pérdida de más de cuatrocientos mil empleos en el país. El dirigente gremial afirmó que esta reforma “arrojaría a la calle, en promedio, a 452.000 empleados”
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De acuerdo con Fenalco, el proyecto de reforma laboral no solo no fomenta la creación de nuevos empleos, sino que incrementa los costos laborales en un promedio del 34%, dependiendo del tamaño de las empresas.
Este aumento afectaría de manera desproporcionada a las micro y pequeñas empresas, que representan una parte importante del tejido empresarial colombiano. Cabal enfatizó que esta situación sería especialmente problemática en un contexto de bajo crecimiento económico, como el que atraviesa actualmente el país.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma, según Fenalco, es la profesionalización de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
El gremio calcula que esta medida le costaría al sector productivo más de 3,6 billones de pesos, lo que equivale a una tercera parte de una reforma tributaria. Este gasto adicional, según el gremio, se traduciría en una carga financiera insostenible para las empresas.
El proyecto establece que los aprendices recibirían una remuneración equivalente al 60% de un salario mínimo mensual legal vigente durante su etapa lectiva y al 100% durante su etapa práctica. Además, las empresas que no cumplan con la cuota de aprendizaje estarían obligadas a pagar al Sena un monto mensual equivalente a 1,8 salarios mínimos por cada aprendiz no contratado.
Fenalco considera que estas disposiciones no solo incrementan los costos empresariales, sino que también desincentivan la contratación formal, agravando el problema de la informalidad laboral en el país.
Fenalco también señaló que la reforma laboral no fue discutida ni concertada en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, como lo exige el artículo 56 de la Constitución y la Ley 278 de 1996. Según el gremio, esta omisión no sólo contraviene la Carta Política, sino que también demuestra que el proyecto no responde a las necesidades reales del mercado laboral colombiano.
Jaime Alberto Cabal afirmó que la falta de concertación y el carácter unilateral de la reforma la convierten en una medida “inconstitucional, inconveniente e inoportuna”. Además, advirtió que su aprobación podría tener consecuencias graves para miles de trabajadores y emprendedores, quienes se verían afectados por el aumento de los costos laborales y la posible pérdida de empleos.
El presidente de Fenalco destacó que el incremento de los costos laborales tendría un impacto particularmente severo en sectores que operan las 24 horas del día, como el comercio, el turismo, la industria manufacturera, el sector agropecuario y los servicios de seguridad privada. Estos sectores, que dependen en gran medida de las jornadas nocturnas y los turnos continuos, enfrentarían mayores dificultades para mantener sus niveles de empleo y competitividad.
Cabal también expresó su preocupación por la falta de medidas efectivas en la reforma para combatir la informalidad laboral, un problema que afecta a una gran parte de la población trabajadora en Colombia. Según el dirigente gremial, lejos de reducir la informalidad, la reforma podría estimular su crecimiento al imponer cargas adicionales a las empresas, lo que las llevaría a buscar alternativas fuera del marco formal.
La reforma laboral se encuentra actualmente a la espera de su tercer debate en la Comisión VII del Senado, donde se decidirá su destino. Hasta el momento, solo se ha presentado una ponencia positiva, aunque se espera que también se radique una ponencia negativa. En este contexto,
Fenalco intensificó su llamado a los 14 senadores de la comisión para que consideren las implicaciones económicas y sociales del proyecto antes de tomar una decisión.
Por su parte, el Gobierno señaló que no tiene intención de modificar los puntos esenciales de la iniciativa, que incluyen mejoras en las condiciones laborales y mayores pagos para los trabajadores.
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