El exalto consejero para la Paz Emilio Archila cuestionó duramente la estrategia del gobierno de Gustavo Petro para abordar la erradicación de cultivos ilícitos en el Catatumbo, señalando que esta medida no solo desconoce los avances logrados en administraciones anteriores, sino que también se basa en premisas que, según él, son incorrectas.
En declaraciones a La FM, Archila afirmó que la nueva política del gobierno actual no garantiza la continuidad de los procesos iniciados previamente y criticó la falta de reconocimiento a los logros alcanzados durante el mandato de Iván Duque.
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De acuerdo con lo expresado por Archila, la administración Petro estaría intentando “refundar el universo” en lugar de construir sobre los avances ya realizados en la implementación de los acuerdos de paz.
“No es cierto que durante la administración del presidente Duque no se hubiera avanzado en la implementación de los acuerdos. Eso es completamente falso”, aseguró el exfuncionario, refutando las declaraciones del actual mandatario.
Uno de los puntos más controvertidos de las declaraciones de Archila fue su rechazo a la afirmación de Gustavo Petro sobre el supuesto desmantelamiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) durante el gobierno anterior.
Según el exalto consejero, esta acusación carece de fundamento. “El presidente dijo que durante la administración de Iván Duque se había hecho trizas el programa de sustitución voluntaria, eso no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó.
Archila destacó que, bajo su gestión, el Pnis logró consolidarse como una de las iniciativas más ambiciosas en la historia del país.
Según explicó, el programa convocó a cien mil familias, beneficiando a aproximadamente cuatrocientos mil colombianos, y permitió la erradicación de veinte mil hectáreas de cultivos de coca.
Además, subrayó que se destinaron cuatro billones de pesos para financiar el programa, lo que lo convirtió en el proyecto de asistencia técnica más grande jamás implementado en Colombia.
El exfuncionario también resaltó que el programa de formalización de tierras en el Catatumbo tuvo un impacto significativo, al punto de atraer el interés y apoyo financiero del magnate estadounidense Warren Buffett, quien invirtió más de 50 millones de dólares en la iniciativa.
“El tercer hombre más rico del mundo, se enamoró del programa, nos apoyó con un poco más de 50 millones de dólares ahí. Se tiene sustitución, tiene formalización, tiene los productos, tiene las vías”, afirmó Archila.
Este respaldo internacional, según Archila, es una muestra del éxito y la credibilidad que alcanzaron las políticas implementadas durante el gobierno de Duque.
Críticas a la nueva estrategia del gobierno Petro
Archila también expresó su preocupación por la efectividad de la nueva estrategia del gobierno de Petro, que incluye la declaración de una emergencia económica para abordar el problema de los cultivos ilícitos.
Según el exalto consejero, esta medida se limita a la erradicación inicial de los cultivos sin garantizar la continuidad del proceso ni ofrecer alternativas sostenibles para las comunidades afectadas.
“Solo está llegando hasta la primera partecita, que es arrancar los cultivos, sin garantizar la continuidad del proceso”, afirmó.
El Catatumbo, una región históricamente afectada por el conflicto armado y el narcotráfico, ha sido un punto clave en las políticas de sustitución de cultivos ilícitos.
Sin embargo, Archila advirtió que las acciones del gobierno actual podrían poner en riesgo los avances logrados en esta zona, donde las iniciativas de formalización de tierras y asistencia técnica habían comenzado a generar resultados positivos.
La erradicación de cultivos ilícitos ha sido un tema central en las políticas de seguridad y desarrollo rural en Colombia durante décadas. Los acuerdos de paz firmados en 2016 incluyeron el compromiso de implementar programas de sustitución voluntaria como una alternativa al uso de la fuerza para combatir el narcotráfico.
Sin embargo, la implementación de estos programas ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo la falta de recursos, la inseguridad en las regiones afectadas y las tensiones entre las comunidades campesinas y el Estado.
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