El reciente cruce de declaraciones entre el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, y las directivas de las universidades públicas ha encendido un debate sobre la autonomía universitaria y la seguridad en los campus.
Restrepo señaló a estas instituciones de ser permisivas con actos violentos, afirmaciones que fueron rechazadas con contundencia por los rectores de la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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En declaraciones a Blu Radio, Restrepo aseguró que las universidades públicas de Bogotá permiten el funcionamiento de grupos que fabrican artefactos explosivos y que los encapuchados responsables de disturbios, como la destrucción de una estación de Transmilenio en la calle 45 con carrera 30, se refugian en los campus para evadir a la Policía.
“Las directivas universitarias saben lo que ocurre dentro de las instalaciones, pero no actúan”, afirmó el secretario, sugiriendo que las universidades se han convertido en zonas donde impera la impunidad.
Frente a estos señalamientos, Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional sede Bogotá, desmintió categóricamente las acusaciones.
“No es cierto que nosotros sepamos dónde se articulan todos esos artefactos explosivos”, declaró, subrayando que la universidad no tiene funciones policiales ni judiciales.
La vicerrectora explicó que la Universidad Nacional no tiene facultades para actuar como una autoridad de orden público, sino que cuenta con protocolos internos para garantizar la seguridad de la comunidad.
“Nosotros no tenemos un abordaje de orden público. Tenemos unas medidas de seguridad al interior del campus que se coordina entre la división de vigilancia y seguridad y la empresa que tenemos contratada para tal propósito. No tenemos vigilantes armados”, puntualizó, subrayando que las funciones de control y judicialización corresponden exclusivamente a las autoridades competentes”.
“Los campus universitarios son víctimas del conflicto armado que ha atravesado el país. Nosotros rechazamos todas las acciones violentas, se ejerzan donde se ejerzan”, afirmó la vicerrectora, destacando que las universidades no solo han sido escenarios de protesta, sino también blancos de violencia a lo largo de la historia.
Subrayó que la institución promueve la resolución pacífica de los conflictos y que su misión es la formación y producción de conocimiento, no la confrontación.
La vicerrectora también respondió a la recurrente crítica sobre la presunta protección a delincuentes que cometen delitos, como la destrucción de estaciones de Transmilenio o las agresiones contra las autoridades, y a la idea de que la Universidad Nacional rechaza el ingreso de la Policía por temor a las consecuencias.
“Diariamente circulan 25.000 personas en el campus. Si 6 o 7 encapuchados entran, se quitan la capucha, y la Policía ingresa de manera violenta, el conflicto podría agravarse. Mi responsabilidad fundamental es cuidar a la comunidad universitaria”, afirmó.
La vicerrectora señaló que ha habido acercamientos con la administración distrital para buscar estrategias que mitiguen los episodios de violencia sin poner en riesgo a la comunidad universitaria.
“Hemos dialogado con el alcalde Carlos Fernando Galán y se ha planteado que, cuando la primera línea de contención de las manifestaciones la asume la Dirección de Tránsito, y se actúa de inmediato al detectar la presencia de encapuchados, es menos probable que la protesta termine en actos violentos, como ha ocurrido en otras ocasiones. Hay posibilidades de construir una estrategia conjunta con las autoridades para evitar que las situaciones escalen”, explicó.
La carta de las tres universidades públicas sobre las declaraciones del secretario de Seguridad
Los rectores de las tres universidades públicas firmaron una carta conjunta rechazando las afirmaciones de Restrepo, calificándolas de infundadas y peligrosas.
“Nos apartamos de las declaraciones, máxime cuando no se han activado por parte de la Secretaría los mecanismos de articulación y diálogo con los equipos directivos de nuestras instituciones”, señalaron.
También afirmaron que las instituciones están en contra de las manifestaciones y afirman que “dentro de sus funciones no se incluyen actividades policiales o judiciales”.
La controversia reabrió el debate sobre la autonomía universitaria. Las directivas académicas insisten en que las universidades son espacios de formación y diálogo, no de represión, y que la seguridad pública es responsabilidad de la Policía y la Secretaría de Seguridad.
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