La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la medida de aseguramiento contra el exsenador Ciro Ramírez, quien enfrenta un proceso judicial relacionado con el caso conocido como ‘Marionetas 2.0′.
Los magistrados rechazaron la solicitud del excongresista de revocar su prisión preventiva, argumentando que los riesgos procesales persisten y que es necesario garantizar la integridad del juicio, según W Radio.
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El exsenador, miembro del partido Centro Democrático, había solicitado la revocatoria de la medida de aseguramiento bajo el argumento de que las razones que justificaron su detención inicial ya no eran aplicables.
En su petición, Ramírez sostuvo que no existían motivos para continuar enfrentando el proceso desde la cárcel.
Sin embargo, la Corte Suprema consideró que las circunstancias del caso no han cambiado lo suficiente como para justificar su liberación.
Uno de los elementos clave en la decisión de la Corte fue el testimonio de Pablo César Herrera, representante de la empresa Proyecta Quindío, quien aseguró que el exsenador lo visitó en prisión con el propósito de persuadirlo para que no lo implicara en el escándalo.
Este hecho fue considerado por los magistrados como un precedente grave que podría poner en riesgo la transparencia del proceso judicial, según el medio citado.
La Sala de Casación Penal subrayó que este tipo de acciones representan una amenaza para la preservación y protección del proceso judicial.
Por ello, concluyó que no era procedente conceder la revocatoria de la medida de aseguramiento, ya que los riesgos de obstrucción a la justicia no han sido eliminados.
El entramado de corrupción en el caso ‘Marionetas 2′
El caso, conocido como “Marionetas 2″, involucra una red de presunta corrupción en el Departamento de Prosperidad Social (DPS), en la que se habrían direccionado contratos para beneficiar intereses políticos.
Según la Corte Suprema de Justicia, Ramírez habría participado en reuniones para negociar la entrega de 13 contratos por un valor de 24.606 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer su campaña electoral.
Estas reuniones habrían sido parte de un pacto ilícito entre Ramírez, el exdirector del DPS, Pierre García Jacquier, y el gerente de la empresa Proyecta Quindío, Pablo Herrera Correa.
La corrupción se habría consolidado a finales de 2021, cuando Alejandro Noreña, exasesor de Herrera, facilitó el primer contacto entre Ramírez y García para discutir un nuevo convenio que permitiera direccionar contratos y canalizar recursos hacia la campaña del exsenador.
Según la investigación, estos contratos no solo financiaron la estrategia política de Ramírez, sino que también habrían implicado el pago de sobornos por cerca de 1.000 millones de pesos, destinados a consolidar su proyecto electoral en departamentos como Quindío, Caldas, Santander y Tolima.
El silencio de Pierre García y los testimonios clave
Uno de los testimonios más esperados fue el de Pierre García, quien compareció de manera virtual ante la Corte. Sin embargo, su intervención estuvo marcada por el silencio, ya que su abogado, Leonardo Carvete Merchan, explicó que García decidió acogerse a su derecho a no declarar.
Esta decisión se basó en que la implicación de García en el caso se sustenta en un testimonio previo que lo relaciona directamente con los hechos investigados.
Por otro lado, el testimonio de Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, ha sido fundamental para las acusaciones. Herrera aseguró que Ramírez le presentó a García y que las reuniones clave se realizaban en la oficina del entonces director del DPS, ubicada en el sexto piso de la entidad.
Según Herrera, estos encuentros estaban rodeados de medidas de seguridad extremas: no se permitía el ingreso de dispositivos electrónicos, y García solía comunicarse escribiendo en hojas de papel que destruía o en una tableta electrónica, eliminando los mensajes inmediatamente.
Con estos elementos, la Corte Suprema de Justicia determinó que no era procedente conceder la libertad a Ciro Ramírez, ya que los riesgos de obstrucción a la justicia siguen latentes.
La Sala de Casación Penal subrayó que las acciones del exsenador, incluidas las presuntas visitas a testigos en prisión para persuadirlos, representan una amenaza para la integridad del proceso judicial.
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