Colombiana golpeada por oficiales en España, que terminó en una UCI en Donostia, debió ser llevada antes al hospital, aseguró gobierno vasco

El caso de una mujer colombiana identificada como Karen Daniela Ágredo Palacio (32 años), que terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Donostia (San Sebastián) tras ser detenida por la Ertzaintza (Policía autónoma del País Vasco) ha generado una serie de investigaciones y cuestionamientos sobre la actuación policial.

Ante los hechos contra la colombiana, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, reconoció que la mujer debió haber sido trasladada a un centro hospitalario antes de ser llevada a la comisaría, aseguró el medio local Noticias de Gipuzkoa.

Zupiria compareció el miércoles 26 de febrero ante una comisión del Parlamento Vasco para abordar los hechos que se reportaron el domingo 2 de febrero de 2025.

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Durante su intervención, explicó que la “razón y responsabilidad” de lo que calificó como un “error o negligencia” deberán determinarse a través de las investigaciones abiertas.

Según detalló el consejero, actualmente se están llevando a cabo al menos tres indagaciones: una interna por parte de Asuntos Internos de la Ertzaintza; otra de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, y una judicial, esta última iniciada tras una denuncia presentada ante la Policía Municipal de Donostia.

Investigaciones en curso y cronología de los hechos

La investigación interna de la Ertzaintza comenzó de manera oficial el 3 de febrero, un día después de los hechos. Zupiria subrayó que esta pesquisa no se inició a raíz de la publicación de un medio colombiano (El País de Cali) que dio a conocer el caso semanas después, sino que ya estaba en marcha antes de que el asunto adquiriera notoriedad pública en Euskadi.

En dicha ocasión, Marling Palacio, tía de Karen, le contó al medio colombiano que “ella gritaba que no se lo llevaran y a raíz de eso uno de los policías se devolvió, la empujó y ella cayó al piso. Se golpeó la cabeza, quedó inconsciente y aun así, se subieron encima de ella y la seguían golpeando como se puede ver en unas fotos y un video que nos enviaron”.

En consecuencia, el consejero también ofreció detalles sobre el contexto de la detención. Según los informes policiales revisados, los hechos se desencadenaron a las cinco de la mañana del 2 de febrero, cuando una patrulla uniformada observó a un hombre golpeando a otro que se encontraba en el suelo en la intersección de las calles San Martín y Manterola en Donostia.

Durante su comparecencia, Zupiria afirmó que, tras analizar los atestados, las actas policiales, los testimonios de los agentes implicados y las imágenes de una cámara que captó parcialmente lo sucedido, no se puede concluir que los agentes que detuvieron a la mujer o los que la custodiaron en comisaría hayan utilizado la fuerza de manera abusiva o inadecuada. Esto pese a que en redes circuló una foto donde se observa cómo la colombiana permanece tendida en el suelo boca abajo, rodeada de dos agentes.

El giro judicial del caso de la ciudadana colombiana en Donostia

El caso también ha tomado un giro judicial, debido a que la denuncia presentada ante la Policía Municipal de Donostia ha dado lugar a una investigación que busca esclarecer si hubo irregularidades en la actuación policial.

De forma paralela, la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco está evaluando los procedimientos seguidos por los agentes implicados.

Zupiria destacó la importancia de estas investigaciones para determinar las responsabilidades y garantizar la transparencia en el manejo del caso. Asimismo, insistió en que será a través de estos procesos que se podrá esclarecer si hubo negligencia en la decisión de no trasladar a la mujer al hospital antes de llevarla a la comisaría.

Aunque Zupiria defendió que no hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes, reconoció que el traslado tardío al hospital fue un error que debe ser investigado a fondo. Este reconocimiento ha abierto un debate sobre los protocolos de actuación policial y la necesidad de garantizar que se priorice la salud y el bienestar de las personas detenidas.