En un nuevo giro en el proceso judicial que enfrenta el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal; el Tribunal Superior de Bogotá concedió la impugnación de la tutela presentada por su defensa, la cual alega vulneraciones al debido proceso por parte de la jueza Sandra Liliana Heredia.
El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, fechado el 27 de febrero de 2025 y firmado por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, estableció que: “El demandante Álvaro Uribe Vélez, a través de apoderado, dentro del término legal interpuso impugnación contra la sentencia del 21 de febrero del corriente año, a través de la cual esta Sala de Decisión declaró improcedente el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia reclamados”.
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Con esta decisión, el expediente se remitirá de inmediato a la Corte Suprema de Justicia: “En consecuencia, por ser viable y estar el recurrente legitimado para el efecto, se CONCEDE la impugnación, por lo que se ordena remitir por secretaría de manera inmediata el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para lo de su cargo”, señaló el Tribunal.
Defensa de Uribe denuncia “error conceptual” en el fallo
La defensa del exmandatario, liderada por el abogado penalista Jaime Granados, se mostró crítica frente al fallo inicial del Tribunal Superior de Bogotá, que había declarado improcedente la tutela contra la jueza Heredia. Granados aseguró que la decisión “incurre en un error conceptual al decidir que el amparo era improcedente, cuando, en realidad, su pronunciamiento fue mucho más allá y resolvió de fondo la tutela, negándola”.
El argumento central de la impugnación radica en que la sala del Tribunal habría violado el principio de subsidiariedad, requisito fundamental para la procedencia de la acción de tutela. “Sorprende que la sala, después de considerar que la acción de tutela era improcedente y que no era necesario analizar los demás requisitos de procedencia, proceda a examinar el fondo de lo alegado”, se expone en el documento de impugnación de 23 páginas.
Acusaciones contra la jueza Sandra Heredia
El origen de la tutela radica en presuntas vulneraciones al debido proceso y a la administración de justicia por parte de la jueza Sandra Liliana Heredia. En un documento de 44 páginas, la defensa de Uribe expone que la jueza fue recusada durante el juicio del 10 de febrero de 2025, solicitud que negó sin mayor análisis.
La tutela presentada el 11 de febrero solicitaba, además, la suspensión del juicio hasta que el Tribunal Superior de Bogotá resolviera las pretensiones de la defensa. Entre las quejas se mencionan “la constante descalificación hacia la defensa, la prelación a la celeridad sobre las garantías, lo sucedido con el descubrimiento probatorio, las acusaciones a la defensa técnica ocurridas dentro del proceso acción de tutela, la negativa sistemática de pruebas relevantes”.
Granados enfatizó que la actuación de la jueza Heredia “transgredió los derechos fundamentales de Álvaro Uribe cuando tomó la decisión de rechazar de plano y sin ningún análisis de fondo a la recusación”. En ese sentido, la defensa insiste en que “el único camino jurídico a seguir es la protección constitucional de los derechos fundamentales de mi representado”.
Con la impugnación aceptada, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá evaluar si efectivamente se vulneraron los derechos fundamentales del expresidente Uribe. Una decisión favorable a Uribe podría suspender el juicio en curso y reconfigurar el proceso judicial.
Mientras tanto, el caso sigue avanzando. El miércoles 26 de febrero, Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve (testigo clave en el proceso), rindió su declaración en medio de un juicio que ha mantenido en vilo a la opinión pública colombiana.
Gómez reveló cómo consiguió el reloj espía utilizado por el testigo Juan Guillermo Monsalve para registrar conversaciones dentro de la cárcel La Picota. Por su parte, la defensa de Álvaro Uribe desestimó las acusaciones, sosteniendo que no existen evidencias contundentes en contra del exmandatario. No obstante, las grabaciones captadas con el reloj espía podrían ser determinantes para aclarar si hubo presiones indebidas sobre Monsalve.
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