El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, que lideró las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y está vinculado a más de 75.000 crímenes durante el conflicto armado en Colombia, fue citado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para rendir testimonio sobre hechos de violencia ocurridos en las regiones de Córdoba y Urabá.
Las audiencias se llevarán a cabo los días 2, 3 y 4 de abril de 2025, en un proceso que contará con la participación de las víctimas y será de carácter reservado.
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La Sala de Reconocimiento de la JEP considera que el testimonio de Mancuso es “útil, necesario y pertinente” para avanzar en la investigación sobre el conflicto armado en estas regiones.
Aunque la Corte Constitucional recientemente revocó el sometimiento de Mancuso a la JEP, el exlíder paramilitar podrá participar en calidad de testigo, lo que permitirá que entregue información clave sobre las dinámicas de violencia y los actores involucrados en el conflicto.
El despacho relator de la Situación Territorial de Urabá solicitó que Mancuso aporte detalles sobre varios aspectos críticos del conflicto armado en Córdoba y Urabá.
Entre los temas que deberá abordar se encuentran las operaciones de despojo, vaciamiento y repoblamiento de territorios, así como las alianzas entre los grupos paramilitares y sectores económicos de la región. Además, se espera que explique los pactos y acuerdos establecidos entre las AUC y actores políticos locales, así como el papel de miembros de la fuerza pública en la expansión y consolidación del paramilitarismo en estas zonas.
La información que Mancuso pueda proporcionar es considerada fundamental para esclarecer las dinámicas de violencia que afectaron a estas regiones durante el conflicto armado. Su testimonio podría arrojar luz sobre las estrategias utilizadas por los grupos paramilitares para ejercer control territorial y sobre las redes de apoyo que facilitaron su accionar.
La participación de las víctimas en estos procesos es un componente esencial del modelo de justicia transicional implementado en Colombia, ya que permite que sus voces sean escuchadas y que se reconozca el impacto que los crímenes cometidos tuvieron en sus vidas y comunidades.
Las regiones de Córdoba y Urabá fueron escenarios de algunos de los episodios más violentos del conflicto armado colombiano. Estas zonas, estratégicas por su ubicación geográfica y su riqueza en recursos naturales, fueron disputadas por diversos actores armados, incluidos los grupos paramilitares liderados por Mancuso. Durante años, las comunidades locales sufrieron desplazamientos masivos, asesinatos selectivos y otras graves violaciones a los derechos humanos.
El testimonio de Mancuso podría ayudar a esclarecer cómo se llevaron a cabo las operaciones de despojo y repoblamiento en estas regiones, así como a identificar a los responsables de estos crímenes. Además, su declaración podría revelar detalles sobre las relaciones entre los paramilitares y sectores económicos y políticos que habrían facilitado su accionar.
El proceso de justicia transicional en Colombia busca no solo sancionar a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, sino también garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general. La información que Mancuso pueda aportar en sus declaraciones ante la JEP será clave para avanzar en este objetivo y para construir una memoria histórica que permita comprender las causas y consecuencias de la violencia en el país.
La citación de Mancuso por parte de la JEP representa un paso importante en este proceso, ya que su testimonio podría contribuir a esclarecer algunos de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano y a sentar las bases para una reconciliación duradera.
Salvatore Mancuso Gómez, que fue deportado a Colombia el 27 de febrero de 2024 tras cumplir una condena de 15 años por narcotráfico en Estados Unidos, es una figura central en la historia del conflicto armado colombiano.
Como líder de las AUC, Mancuso estuvo al frente de una de las organizaciones responsables de la mayor cantidad de homicidios y violaciones a los derechos humanos en el país. Su regreso a Colombia generó expectativas en torno a su posible contribución al esclarecimiento de los crímenes cometidos por los paramilitares.
La JEP, creada como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Farc, tiene como objetivo investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Aunque Mancuso no fue aceptado como compareciente pleno en esta jurisdicción, su participación como testigo podría ser crucial para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas.
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