Un nuevo enfrentamiento político se desató este miércoles entre la canciller de Colombia, Laura Sarabia, y el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, en medio de una creciente polémica sobre presuntos actos de corrupción en el sector salud denunciados por W Radio.
La controversia surge a raíz de denuncias sobre un esquema ilegal para desviar recursos públicos mediante empresas ficticias, en el que han sido mencionadas personas cercanas a la ministra de Relaciones Exteriores.
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El primero en pronunciarse fue Gustavo Bolívar, que expresó su preocupación sobre el impacto que este escándalo podría tener en la imagen del Gobierno y en la confianza de los ciudadanos.
En su declaración pública, enfatizó la importancia de que quienes ocupan altos cargos no estén envueltos en controversias que pongan en entredicho su integridad, haciendo una clara alusión a Sarabia.
Según el funcionario, es inaceptable que la persona encargada de representar a Colombia en el exterior esté vinculada, aunque sea indirectamente, con un caso de esta magnitud.
También reiteró el compromiso del Gobierno con la lucha contra la corrupción, insistiendo en que cualquier persona implicada debe asumir las consecuencias, sin importar su posición.
“Luego de las denuncias de La W sobre un entramado de corrupción para saquear recursos de la salud a través de empresas de papel, quedan varias reflexiones. La principal, ¿es bueno para Colombia tener una Canciller que esté mencionada en este escándalo? El titular de ese cargo, que representa en el mundo a 52 millones de personas, no admite ni una sola sombra de duda sobre sí. Vinimos a luchar contra la corrupción y como dijo el presidente Petro, que caiga quien tenga que caer”, escribió en X Gustavo Bolívar.
La respuesta de Sarabia no tardó en llegar. La Canciller rechazó categóricamente cualquier señalamiento en su contra y denunció haber sido objeto de acusaciones infundadas tanto dentro como fuera del Gobierno.
Aseguró que su patrimonio ha sido objeto de múltiples revisiones sin que se haya encontrado evidencia de enriquecimiento ilícito. Además, mencionó que fue bajo su gestión que se tomó la decisión de destituir al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, en el marco de las investigaciones sobre corrupción en el sector.
En su defensa, Sarabia argumentó que los cuestionamientos en su contra carecen de fundamento y que, de hecho, había solicitado que las afirmaciones publicadas por W Radio fueran contrastadas directamente con el presidente Gustavo Petro, solicitud que, según ella, fue rechazada por el medio de comunicación.
Asimismo, dirigió un mensaje directo a Bolívar, sugiriendo que si realmente mantiene comunicación con el presidente, le consulte directamente sobre su presunta implicación en el caso.
“Estoy de acuerdo «que caiga quien tenga que caer» Contrasten con el presidente Petro el nombramiento a Mauricio Marín y por qué salió el superintendente Luis Carlos Leal Y si tuve alguna injerencia en ambas decisiones. A la W le pedí que llamáramos al presidente para confirmar las fuentes cercanas a él, se negaron. Gustavo Bolívar si realmente hablas con el presidente confírmalo él te dirá. A mi me han calumniado e investigado adentro y fuera del gobierno, y saben que no tengo enriquecimiento alguno”, escribió en X.
Este choque de declaraciones entre ambos funcionarios no es el primero. En un episodio anterior, durante un Consejo de Ministros transmitido públicamente, Sarabia y Bolívar se enfrentaron cuando la Canciller criticó al DPS por supuestamente no haber estado presente en la atención a ciudadanos colombianos deportados desde Panamá.
Bolívar reaccionó de inmediato desmintiendo la afirmación y asegurando que sí hubo presencia de funcionarios de su entidad en el operativo, incluso presentando pruebas al respecto.
La creciente tensión entre estos dos miembros del gabinete de Petro pone en evidencia fisuras dentro del Gobierno y refuerza la percepción de que, en su interior, existen diferencias significativas sobre el manejo de diversas crisis. Mientras tanto, el escándalo por corrupción en el sector salud sigue escalando, generando incertidumbre sobre las posibles repercusiones políticas y administrativas en la administración actual.