La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, liderada por el abogado penalista Jaime Granados, radicaron una recusación formal contra la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez, que lleva el caso con el exmandatario colombiano (2002-2010) por presunto fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.
Según la defensa, Orjuela Rodríguez estaría impedida para seguir en el caso, debido a una relación de subordinación que tuvo en su momento con Eduardo Montealegre, exfiscal General de la Nación; pero hoy víctima en la investigación que se adelanta en el juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
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De acuerdo con la resolución 1295 de 2012, revelada por Semana, Montealegre le asignó la responsabilidad de estar a cargos de los procesos relacionados con los delitos de desaparición y desplazamiento forzado, que llegaban al despacho Unidades Nacionales contra la Desaparición y Desplazamiento Forzados, Desmovilizados y contra el Terrorismo.
Dos casos estaban relacionados con parapolítica; sin embargo, por orden de Eduardo Montealegre pasaron de manera exclusiva a la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez.
“Lo anterior con el propósito de que sea asignado especialmente su conocimiento a la doctora Marlene Orjuela Rodríguez, fiscal delegada ante el Tribunal Superior adscrita a la Unidad Nacional contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzados en atención”, se lee en la resolución 1295 de 2012 revelada por el citado medio.
Según el exfiscal Eduardo Montealegre, la decisión estaba motivada por la compleja situación de orden público, especialmente contra los líderes de restitución de tierras.
“La gravedad de los hechos y la complejidad de los asuntos que han generado gran impacto en la región y han propiciado pronunciamientos del Gobierno nacional respecto a su incidencia en el actual proceso de restitución de tierras”, precisa la resolución de agosto de 2012.
Y agrega: “Designar especialmente a la doctora Marlene Orjuela Rodríguez, fiscal delegada ante el Tribunal Superior adscrita a la Unidad Nacional contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzado, para que asuma el conocimiento hasta su culminación, de las investigaciones objeto de variación en el artículo anterior”.
Precisamente, el argumento principal de la defensa de Álvaro Uribe se basa en la relación profesional que existió entre la fiscal Orjuela y el exfiscal Eduardo Montealegre.
En el documento de recusación, Jaime Granados precisó que Orjuela fue nombrada en 2012 como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito por Montealegre, lo que, según el abogado penalista, compromete su imparcialidad y objetividad en el manejo del caso por presunto fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.
“Mediante la presente recusación, se expondrá como usted, en su condición de Fiscal Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, debe separarse del conocimiento del presente caso, en tanto se encuentra impedida no sólo por estar incursa en la causal primera de impedimento de que trata el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, sino también porque su imparcialidad se encuentra cuestionada desde una perspectiva objetiva”, indica el documento de la defensa del líder natural del Centro Democrático.
Granados argumentó que la conexión entre Orjuela y Montealegre crea una situación en la que, en su opinión, la fiscal tiene un “interés en la causa”, lo que justificaría su apartamiento del caso para garantizar un juicio imparcial. El documento, que incluye una fotografía de Orjuela junto a Montealegre, resalta que este vínculo entre ambos funcionarios es una razón válida para que la fiscal se retire de la investigación.
A pesar de la naturaleza de la recusación, el abogado Jaime Granados ha dejado claro que este recurso no tiene como objetivo retrasar el proceso judicial que enfrenta Uribe. Según el defensor, la recusación no detiene el curso del caso, ya que la ley establece que su presentación no conlleva la paralización del procedimiento.
“Es importante señalar que esta recusación no debe ser interpretada como un intento dilatorio, ya que, conforme a la legislación, su presentación NO suspende la actuación judicial”, indicó Granados, destacando la necesidad de no interrumpir el calendario del proceso, particularmente dado que el caso tiene un plazo de prescripción que vence en octubre de 2025.
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