La exvicefiscal General de la Nación Martha Mancera anunció el domingo 23 de febrero, a través de un comunicado, que iniciará acciones legales en contra de los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que la señalaron en un proceso contra Francisco Javier Martínez, denominado como Pacho Malo, que responde por delitos relacionados con contrabando y por presuntos nexos con narcotraficantes, cuando se desempeñaba como director de ese organismo en Buenaventura (Valle del Cauca).
Se trata de los exfuncionarios Fabio González y Pablo Bolaños que la señalaron por supuestamente interceder para que ‘Pacho Malo’ no fuera investigado en 2021 por esos supuestos hechos.
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Mancera aseguró que los dos investigadores “emprendieron una campaña de difamación” en su contra y “sin prueba alguna” para que de esta manera se desestimara el proceso que les llevan por delitos de corrupción, pero que durante su gestión en el ente acusador se abstuvo de denunciarlos para evitar un conflicto de interés.
“En su momento no tomé acciones judiciales en contra de González y Bolaños debido a que, por la dignidad de mi cargo, no quería que se viera afectada la imparcialidad de la justicia (...) Sin embargo, dadas las gravísimas y mentirosas acusaciones en mi contra, interpondré denuncia penal por los delitos de falso testimonio y fraude procesal”, afirmó en uno de los apartes de la misiva.
Recordó que los dos funcionarios del CTI por el contrario están respondiendo penalmente y tratan de confundir a los operadores judiciales para evitar las acciones penales en su contra por los presuntos delitos que perpetraron cuando laboraban con ese la entidad.

“Enfrentan actualmente un juicio penal por los delitos de falsedad en documento, fraude procesal, peculado por uso y narcotráfico, después de que se advirtieran irregularidades en la realización de actividades de agente encubierto (...) Los aludidos investigadores González y Bolaños habrían engañado a jueces y funcionarios de la Fiscalía para poder encubrir actividades delictivas que realizaban durante su servicio activo en la Fiscalía General de la Nación”, reiteró.
También criticó que la fiscal que lleva ese caso, Alejandra Cucunubá, no haya contrastado la información que aportaron los funcionarios del CTI en su contra y verificaría que son falsedades.
“Muy delicadas las afirmaciones de la fiscal Alejandra Cucunubá sobre mi persona sin haber hecho constataciones básicas que le habrían permitido evidenciar que el dicho de estos personajes es mentiroso. Hoy están siendo juzgadas por engañar a la justicia”, insistió.
Finalmente le solicitó a la actual fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que designe a “un equipo de trabajo del mayor nivel para adelantar la investigación de manera célere y transparente en contra” de los funcionarios del CTI que la vincularon con esos hechos.
En una investigación que realizó el año pasado la Revista Raya establecieron que, al parecer, Mancera encubrió a ‘Pacho Malo’ que, presuntamente, fue el encargado de coordinar envíos de cocaína al exterior contaminando embarcaciones en la ciudad portuaria.
Según ese medio de comunicación, el agente del CTI, Mario Fernando Herrera, quien fue asesinado en circunstancias aún por esclarecer, había revelado un entramado criminal que involucraba a Martínez Ardila. Herrera había entregado el informe correspondiente un día antes de su homicidio, ocurrido en marzo de 2021. Sin embargo, Mancera, presuntamente, habría decidido no seguir adelante con la investigación.

No obstante, en diálogo con la revista Semana, afirmó que “no existía esa documentación” que señalara las supuestas actividades ilegales del exdirector del CTI en Buenaventura.
Por ese proceso llegaron a salpicar también al exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa luego de que en la emisora La W Radio obtuvieran un documento, la Resolución número 00762 del 26 de abril de 2021, en la que ordenaba el traslado del expediente contra ‘Pacho Malo’ a un despacho en Cauca, donde se habría archivado porque no correspondía con el territorio en el que se perpetraron los delitos relacionados con narcotráfico.
“Los expedientes quedaron en manos de una fiscal de la misma Subunidad Investigativa Cauca-Eje Cafetero tal como lo solicitó el delgado para la criminalidad organizada por ser la única competente en esa jurisdicción. El caso no se encuentra archivado y los policías judiciales continúan con las actividades investigativas”, destacaron.
El día en que Barbosa dejó su cargo, la Fiscalía General emitió un comunicado en el que negaron dicha información, a la cual calificaron como “difamatoria”, y en el que también afirmaron que las investigaciones relacionadas con ese caso aún continuaban en curso.
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