
Un audio podría ser clave para esclarecer el asesinato de Hernán Roberto Franco, un reconocido auditor que fue víctima de un ataque sicarial el 21 de febrero de 2024 en el exclusivo parque de la 93, en Bogotá.
En la grabación revelada por la revista Semana, Franco relató el descubrimiento de irregularidades financieras en la empresa El Arrozal, donde trabajaba, y su enfrentamiento directo con el principal sospechoso de este desfalco, Jonathan Romero.
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La voz de Franco se oye firme y clara en la grabación: “Cuando llegaste, solo estaba Sebastián, el hijo de Jonathan Romero. Pero estaba el padre, y a ese lo tuve que sacar a patadas de mi oficina esta mañana. Le dije: ‘Se va de aquí, no me asusta, sucio, grosero, ¡fuera de mi oficina ya!’.
El auditor continuó diciendo: “Porque estaba robando en El Arrozal, se llevaba 300 millones, aunque claro, eso es una cantidad enorme… entonces, no… Y se fue con el rabo entre las piernas, ¿qué más iba a hacer?”. Estas palabras fechadas en noviembre de 2023, coincide con el momento en que Franco les había advertido a sus cercanos que le quedaban apenas 90 días de vida.

En el mismo audio, el auditor expresó su indignación por la situación y detalló cómo Romero abandonó el lugar tras el enfrentamiento. Este episodio, según las pruebas conocidas por el medio, podría haber desencadenado el ataque que terminó con la vida de Franco.
Franco había advertido a su círculo cercano sobre temores relacionados con su seguridad personal. Estas inquietudes estaban vinculadas a un informe confidencial que estaba a punto de presentar de las irregularidades de la empresa El Arrozal.
El informe que nunca se presentó
Un año después del asesinato de Carlos Franco, auditor de la empresa El Arrozal, las autoridades aún no han identificado a los autores intelectuales detrás del crimen.
Según reportó la revista Semana, Franco había preparado un informe que revelaba graves irregularidades financieras y saqueos sistemáticos en la compañía. Este documento, que nunca llegó a manos de los accionistas, se ha convertido en el eje central de una investigación que sigue sin respuestas claras.

De acuerdo con el medio citado, el informe contenía pruebas contundentes sobre la mala gestión administrativa de El Arrozal, una empresa que alguna vez formó parte de una exitosa cadena de almacenes fundada por el empresario Roberto Romero. Tras la muerte de Romero, la compañía quedó bajo el control de sus herederos, quienes, debido a disputas familiares, llevaron al negocio al borde de la quiebra.
El documento elaborado por Franco detallaba cómo la empresa estaba siendo saqueada de manera sistemática, lo que incluía la falta de personal capacitado, la ausencia de controles sobre los recursos y la inexistencia de un flujo de caja diario.
El informe de Franco, titulado “Plan financiero”, también señalaba que uno de los accionistas utilizaba vehículos de su empresa de seguridad para retirar dinero en efectivo sin rendir cuentas.
A través de una tabla comparativa de ventas entre 2023 y 2024 mostraba caídas significativas, que oscilaban entre el 34 % y el 191 % en los 17 almacenes que la sociedad operaba en Bogotá. Estas cifras, según el auditor, eran una prueba irrefutable del saqueo que estaba ocurriendo dentro de la empresa.

Franco había recomendado medidas drásticas para intentar salvar a El Arrozal, entre ellas la venta de acciones, la búsqueda de un socio estratégico y la implementación de protocolos de seguridad para proteger las finanzas. Sin embargo, estas propuestas nunca llegaron a ser discutidas en la junta de accionistas, pues el auditor fue asesinado antes de poder presentar su informe.
El informe también menciona a Bastidas, quien adquirió el 46 % de las acciones de El Arrozal a través de la sociedad Dicomer S.A.S. Bastidas, al igual que otros accionistas, habría sido víctima de los malos manejos dentro de la empresa, lo que lo llevó a solicitar la auditoría que finalmente destapó las irregularidades.
Según la revista Semana, Bastidas delegó la representación de su participación en Franco, quien se encargó de investigar y documentar las irregularidades financieras.
Además del informe, Franco había preparado una carta dirigida a los accionistas en la que identificaba a los responsables del saqueo. Sin embargo, ni esta carta ni el computador donde estaba almacenada han sido revisados por la Fiscalía, lo que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de las pruebas en el caso.
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