Gobernadora del Chocó afirmó que “la escala de las acciones de violencia del ELN y del Clan del Golfo no se ha detenido”

El pasado jueves 20 de febrero, a la medianoche, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el fin del paro armado que mantuvo durante cuatro días en el Chocó.

La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, afrontó la crisis con el respaldo del Gobierno nacional, aunque las comunidades sufrieron graves afectaciones. Según declaró en entrevista con Semana, nunca antes había presenciado una arremetida de tal magnitud en su territorio.

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De acuerdo con la mandataria departamental, lo que diferenció este paro armado de los anteriores fue la intención del ELN de visibilizarse de manera más agresiva. En esta ocasión, el grupo ilegal desplegó banderas y ubicó cilindros bomba y otros artefactos en las principales vías del departamento, tanto internas como de conexión con el resto del país. Además, advirtió a la comunidad que no desacatara el paro, bajo amenaza de represalias.

El cese de la acción armada se hizo público mediante un audio en el que el comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, Ogli Padilla, anunció el fin de la medida a partir de la medianoche del viernes 21 de febrero. Sin embargo, Córdoba señaló que las consecuencias del paro fueron devastadoras para las comunidades, en especial las rurales. Durante estos días, el departamento quedó paralizado: la movilidad se vio gravemente restringida, las actividades económicas quedaron suspendidas, la educación se interrumpió y la atención en salud se volvió imposible.

Aunque en esta ocasión no hubo pérdidas humanas, la gobernadora recordó que en paros similares la falta de transporte ha provocado la muerte de menores que no pudieron recibir asistencia médica a tiempo.

“Las razones de las que habla (el ELN) son un planteamiento que se hace bajo la ideología de las comunidades; sin embargo, las más afectadas durante estos días fueron precisamente las comunidades, sobre todo las rurales”, dijo inicialmente.

Y agregó: “Las subregiones San Juan y Atrato se vieron profundamente afectadas porque se dio el posicionamiento de banderas, cilindros y otros objetos que deben ser verificados mediante una estrategia militar, debido a que hemos tenido ataques anteriores contra la fuerza pública con francotiradores, explosivos y minas. Hace apenas tres semanas fue el último”.

Córdoba recordó que estos elementos fueron ubicados “en las vías principales que conducen de Quibdó a Medellín, de Quibdó a Pereira y en la vía que comunica internamente al departamento del Chocó, en el tramo entre Quibdó e Istmina, Condoto y Nóvita, es decir, toda la movilización terrestre, tanto interna como externa”.

Ante la crisis, la gobernadora destacó tres prioridades: restablecer la movilidad en el departamento, reactivar las actividades comerciales y de transporte, y neutralizar los riesgos dejados por el paro armado, entre ellos explosivos y banderas en diversos municipios. Además, subrayó la urgencia de atender la crisis humanitaria, ya que a pesar de la promesa del ELN de permitir un corredor humanitario, no se garantizó una movilidad segura.

Entre los municipios más afectados, mencionó a San José del Palmar, que quedó completamente aislado por el deterioro de la vía que lo comunica con el Valle del Cauca y por la quema de maquinaria utilizada para su reparación. La crisis humanitaria en la región también impactó gravemente a la población de El Atrato, donde el ELN mantiene una fuerte presencia y las comunidades han sido sometidas a desplazamientos y confinamientos prolongados.

Otro de los puntos críticos que señaló la mandataria es la proliferación de minas antipersona, que representan una amenaza permanente tanto para civiles como para miembros de la Fuerza Pública. La presencia de estos artefactos ha generado temor en la población, afectando la movilidad y el acceso a actividades esenciales como la agricultura y la educación.

Pese al levantamiento del paro, la gobernadora advirtió que la situación de orden público sigue siendo incierta. Según indicó, aunque se reanudaron la movilidad y los servicios básicos, la confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo no se ha detenido, lo que mantiene en riesgo a la población. La funcionaria insistió en la necesidad de garantizar la presencia constante de la Fuerza Pública para evitar nuevos brotes de violencia.

En cuanto a la respuesta del Gobierno nacional, la gobernadora destacó que ha mantenido contacto directo con los comandantes de las Fuerzas Militares y el ministro del Interior. Sin embargo, la ausencia de un ministro de Defensa en propiedad ha dificultado la articulación de estrategias de seguridad. A pesar de esto, el presidente Gustavo Petro anunció la designación de un general para asumir la cartera, lo que podría mejorar la coordinación en las próximas semanas.

Córdoba también llamó la atención sobre la necesidad de replantear la estrategia de seguridad en el país, sugiriendo la implementación de una estrategia regional que permita asignar recursos y medios adecuados. En su visión, el conflicto armado en Colombia no debe analizarse de manera aislada por departamentos, sino como una problemática interconectada que afecta diversas regiones, desde el Pacífico hasta el Catatumbo y el sur del país.