La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, manifestó su oposición a la reforma pensional impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En una reciente columna de opinión publicada en X, la congresista no solo cuestiona la legalidad del proceso legislativo que dio lugar a la aprobación de la reforma, sino que también desmiente algunas de las afirmaciones hechas por el oficialismo sobre sus implicaciones.
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Uno de los puntos centrales de su crítica es la forma en que se aprobó la reforma en el Congreso. Según la senadora, se violó la Ley 5ª, que regula el procedimiento legislativo, impidiendo que los congresistas discutieran y propusieran modificaciones al proyecto. Además, señala que más de 500 proposiciones fueron ignoradas y que se decretó una “suficiente ilustración” de manera ilegal, lo que habría restringido el debate parlamentario.
Para Valencia, este proceder constituye un “vicio mayúsculo” que recuerda el mecanismo del “fast track” utilizado durante la implementación del Acuerdo de Paz, cuando la Corte Constitucional declaró inexequibles varias disposiciones por razones similares.
La congresista también recordó que presentó una demanda ante la Corte Constitucional, solicitando la anulación de la reforma por estas irregularidades.
Además de la dimensión legal, la senadora ha respondido a las críticas del petrismo, en particular a los comentarios de Gustavo Bolívar y del presidente Gustavo Petro. Valencia sostiene que es falso que su demanda busque eliminar el subsidio para los adultos mayores, como han afirmado sus detractores.
“El petrismo ha decretado un tremendo ataque basado en mentiras en mi contra, liderado por Gustavo Bolívar y seguido por Petro y sus bodegas. Mentirosamente afirman que busco eliminar el subsidio al adulto mayor; que quiero quitarle el pan de la boca a los viejitos pobres de Colombia. Incluso han citado a protestas y el Presidente dice que no entiende que existan personas como yo”, señaló.
En su columna de opinión, explica que dicho subsidio ya existe desde la Ley 100 de 1993 y ha sido ampliado en gobiernos anteriores, incluyendo la administración de Iván Duque, que extendió la cobertura a adultos mayores en situación de vulnerabilidad mediante el Sisbén IV.
Según Valencia, el Gobierno actualmente entrega subsidios de 225.000 pesos mensuales sin necesidad de la reforma, y la legislación vigente permite pagos de hasta el 50% del salario mínimo, es decir, cerca de 700.000 pesos.
En cuanto al impacto económico de la reforma, la senadora advierte que esta no incrementa los recursos disponibles para el programa de subsidios a los adultos mayores y que, de hecho, mantiene el mismo esquema de financiamiento a través del Presupuesto General de la Nación y del Fondo de Solidaridad Pensional.
Según su análisis, la reforma simplemente renombra programas ya existentes: Colombia Mayor pasaría a llamarse renta básica solidaria, mientras que el sistema BEPS sería rebautizado como pilar semicontributivo.
“El petrismo no está creando nada nuevo con la reforma pensional. Solo le ponen el nombre de “renta básica solidaria” al programa de “Colombia Mayor”. Cómo lo hace en general toda la reforma pensional, cambiar los nombres. El sistema BEPS pasa a llamarse pilar semicontributivo”, añadió.
La congresista también señala que la reforma podría generar graves problemas fiscales. En su columna, sostiene que el pasivo pensional del país podría elevarse a más del 190% del PIB, agravando aún más la sostenibilidad del sistema. Además, alerta sobre la creación de un nuevo régimen especial en el que ingresaría el 41% de la población sin que queden claras las reglas en cuanto a edad y semanas de cotización. En su opinión, esto podría convertirse en un instrumento de populismo fiscal que aumente la deuda del país de manera irresponsable.
Por último, la senadora enfatiza que su demanda busca proteger a las nuevas generaciones de colombianos, quienes podrían heredar un sistema pensional insostenible y una carga de deuda excesiva. Considera que una reforma pensional es necesaria, pero que la propuesta del gobierno presenta serias falencias que deben ser corregidas. Ahora, la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la legalidad del proceso legislativo que dio vida a esta reforma.
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