Personas endeudadas tendrán oportunidad de mejorar su situación financiera con nuevos cambios en la Ley de Insolvencia

Con la reciente sanción de la Ley 2445 de 2025, el régimen de insolvencia en Colombia ha dado un paso importante hacia una mayor protección de los ciudadanos que atraviesan situaciones económicas complicadas. Esta reforma busca ofrecer una segunda oportunidad a aquellos que no han podido cumplir con sus compromisos financieros y se encuentran en cesación de pagos.

La norma modificó y ajustó los artículos 531 a 576 del régimen de insolvencia en Colombia, con el objetivo de simplificar y mejorar la eficiencia de los procedimientos para las personas en dificultades financieras. Estos ajustes permiten que el proceso sea más accesible, lo que aumenta la posibilidad de una reactivación económica para los deudores.

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Este cambio busca aliviar la carga de aquellos que, por diversas razones, han caído en la incapacidad de cumplir con sus obligaciones crediticias. Para ello, la ley establece diversas medidas como la normalización de las deudas, la validación de acuerdos privados entre las partes involucradas, y en algunos casos, la liquidación del patrimonio del deudor. Sin embargo, el objetivo principal es ofrecer alternativas que permitan la recuperación financiera de los ciudadanos.

Uno de los cambios más relevantes de la Ley de Insolvencia es la suspensión de los descuentos automáticos por libranza desde el momento en que una persona entra en el proceso de insolvencia. Esta modificación permitirá a los deudores tener un respiro inmediato, ya que los descuentos que anteriormente se realizaban de manera automática sobre sus salarios quedarán suspendidos, lo que aumentará el monto disponible para su subsistencia.

Además, se redujo el requisito de mora del 50% al 30%, facilitando el acceso a este beneficio y ampliando la cobertura a más personas en situación de insolvencia. En ese sentido, otro de los avances significativos que introduce esta nueva legislación es la inclusión de pequeños comerciantes con activos inferiores a 1.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

Esto permite que los emprendedores de menor escala también puedan acogerse a la insolvencia, incluso si no cumplen con todos los requisitos del Código de Comercio, a excepción de uno: deberán demostrar su situación económica al momento de presentar la solicitud.

Otro beneficio importante es la suspensión de embargos y descuentos de nómina una vez el deudor haya sido admitido en el proceso de insolvencia. Esta medida tiene un impacto directo en la estabilidad financiera de los afectados, ya que les permite tener mayor control sobre sus ingresos sin la presión de que sus salarios sean embargados o sus cuentas bancarias congeladas.

Por otro lado, la ley también establece medidas para la protección del empleo de las personas en proceso de insolvencia. Específicamente, prohíbe a los empleadores tomar represalias contra los trabajadores que se acojan a este régimen; de esta manera, se garantiza que la estabilidad laboral no se vea afectada durante el proceso.

Para acogerse al régimen de insolvencia, los deudores deben presentar una solicitud formal que incluya un informe detallado sobre las causas que los llevaron a la cesación de pagos, una propuesta de pago clara y objetiva, y una relación completa y actualizada de sus acreedores.

El proceso se divide en dos etapas: la negociación de deudas, donde se intentará llegar a un acuerdo con los acreedores para definir un plan de pago; y la liquidación patrimonial, que solo se llevará a cabo si el acuerdo no se cumple, con el fin de vender los activos del deudor y cubrir sus obligaciones.

Así las cosas, la Ley 2445 de 2025 marca un cambio importante en la forma en que se manejan las deudas en Colombia. La legislación permitirá a muchas personas con dificultades económicas una oportunidad real de recuperar su estabilidad financiera, protegiendo sus derechos y asegurando un proceso más justo y accesible para todos.