
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, se presentó el 18 de febrero ante la Fiscalía General de la Nación para rendir declaración sobre las presuntas irregularidades en los aportes de quinientos millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Este testimonio se enmarca dentro de una investigación más amplia liderada por el fiscal Elkin Ardila, cuyo objetivo es esclarecer si efectivamente hubo contribuciones ilícitas a la campaña que llevó a Petro a la presidencia.
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La declaración de Rodríguez, que duró cerca de tres horas, ha generado un amplio debate político y judicial en el país, dado que toca temas sensibles sobre la financiación de la campaña electoral y las relaciones del mandatario con personas vinculadas a actividades ilegales.
Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo en La W, Rodríguez reconoció ante la fiscalía que, en calidad de cercano colaborador de Petro, participó en dos reuniones con Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, un personaje conocido por sus vínculos con el contrabando y otros negocios ilícitos. Según Rodríguez, las reuniones ocurrieron cuando Petro aún era candidato presidencial. Además, Rodríguez confirmó que Petro estuvo presente en una de las reuniones, aunque el presidente ha sostenido en varias ocasiones que su encuentro con “ Pitufo” fue exclusivamente en Colombia y que nunca recibió aportes financieros irregulares de parte del contrabandista.

El director de la UNP, al opinar sobre su relación con el actual jefe de gabinete de la presidencia, Armando Benedetti decidió guardar silencio. A pesar de este reconocimiento, Rodríguez reiteró su compromiso con el proyecto político de Gustavo Petro y subrayó que su relación con el presidente es sólida y basada en un compromiso histórico con su programa político.
“Petro ha sido engañado por personas cercanas a él”, declaró Rodríguez en su entrevista con La W. Con estas palabras, se distanció de algunos de los colaboradores más cercanos al presidente, mientras reafirmaba su lealtad hacia el mandatario.
El caso que involucra a “Papá Pitufo” y la presunta entrada irregular de dinero a la campaña presidencial ha sido uno de los escándalos más relevantes de la política colombiana en los últimos meses.

En sus declaraciones, el presidente Petro ha sostenido que los 500 millones de pesos nunca fueron destinados a su campaña y que fueron devueltos a Marín Buitrago. Según Petro, Marín fue presentado ante él como un empresario del sector comercial en los San Andresitos de Bogotá, sin que el presidente tuviera conocimiento de su implicación en actividades ilícitas. Petro también ha desmentido rotundamente las versiones que aseguraban que se había reunido con Marín en Madrid, como algunos medios de comunicación habían insinuado.
El proceso judicial sigue avanzando, con la Fiscalía realizando varias indagaciones relacionadas con las finanzas de la campaña de Petro. Además de la declaración de Rodríguez, también se han llevado a cabo entrevistas a otras personas vinculadas a la campaña. Entre ellos, destaca el abogado Néstor Daniel García, quien fue escuchado el mismo día que Rodríguez, en relación con su vínculo con Xavier Vendrell, un ciudadano catalán también implicado en las investigaciones por su conexión con “Papá Pitufo”. La Fiscalía continúa recopilando información para determinar la posible conexión entre los recursos irregulares y las actividades de los involucrados.

Por otro lado, la investigación también ha salpicado a altos funcionarios del Gobierno de Petro. Entre los mencionados se encuentran el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes han sido citados por sus presuntas conexiones con el manejo irregular de los recursos de la campaña.
Este caso refleja no solo las tensiones internas dentro del entorno político de Petro, sino también los dilemas éticos y jurídicos en torno a la financiación de las campañas electorales. A medida que la Fiscalía sigue avanzando en sus pesquisas, la situación de Gustavo Petro y sus colaboradores cercanos sigue siendo objeto de escrutinio público y judicial. La resolución de este proceso podría tener implicaciones políticas significativas para el actual gobierno y la credibilidad del presidente ante la opinión pública.
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