Vicky Dávila denunció acuerdos ocultos del Gobierno Petro en la reforma pensional: “Se hizo a espaldas de los trabajadores”

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila intensificó sus críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro en relación con la reciente reforma pensional. En sus declaraciones, la comunicadora afirmó que los fondos privados de pensiones habrían llegado a un acuerdo con el Ejecutivo sin consultar a los trabajadores, lo que considera una maniobra preocupante que afecta el futuro de los ahorradores.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Dávila expresó: “Los fondos de pensiones quisieron asumir cierta solidaridad alrededor y aparentar que defendían los ahorros de los ciudadanos, pero no es así. Llegaron a un acuerdo con el Gobierno a espaldas de los trabajadores, lo hicieron para sacar una tajada. Tengo fe en que los magistrados seguirán haciendo su trabajo”.

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La reforma pensional aprobada en el actual Gobierno introduce un sistema basado en pilares, con cambios significativos en la forma en que los ciudadanos cotizan para su jubilación. Uno de los aspectos centrales es la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos, mientras que los ingresos superiores a ese umbral se destinarán a fondos privados. Según la administración gubernamental, esta medida busca garantizar la sostenibilidad del sistema y ampliar la cobertura a sectores más vulnerables. No obstante, desde diferentes sectores se plantearon dudas sobre su viabilidad y el impacto que podría tener en los ahorros individuales.

En una reciente entrevista concedida a un medio local de la costa atlántica, Dávila amplió su crítica afirmando que el acuerdo entre los fondos de pensiones y el Gobierno se dio en términos que no favorecen a los trabajadores. “Durante mucho tiempo los fondos de pensiones se dedicaron a aglomerar, aglutinar una cierta solidaridad a su alrededor porque todos creíamos que estaban defendiendo el ahorro de los ciudadanos”, afirmó, al asegurar que su equipo de investigación periodística descubrió que el proceso no fue tan transparente como se presentó públicamente.

Dávila enfatizó que el acuerdo benefició a los fondos privados en detrimento de los cotizantes. “No les importó el ahorro de los colombianos, del trabajador, de la gente que está esperanzada en poder algún día tener su jubilación para tener una seguridad económica en su edad más adulta. ¿Y qué hicieron? Terminaron en Asofondos redactando el articulito que les daba beneficios”, aseguró.

Para la precandidata presidencial, el punto más delicado de la reforma radica en que este acuerdo permitió a los fondos privados asegurar una “billonaria comisión” que saldrá del ahorro de los trabajadores. “Solo lo hicieron por una comisión, por salvar una tajada”, indicó, añadiendo que espera que la Corte Constitucional tome una decisión favorable a los intereses de los ciudadanos.

“Quedo a la espera de la decisión de la Corte Constitucional y tengo mucha fe en que los magistrados van a hacer como lo han venido haciendo su trabajo, sin dejarse presionar, sin dejarse mancillar, sin dejarse amenazar y que sea ese fallo el que marque la ruta de lo que necesitan los colombianos”, señaló.

En la Corte Constitucional fue radicada una ponencia que busca declarar inexequible la reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, argumentando vicios de procedimiento en su aprobación, de acuerdo con la información que tuvo el diario El Colombiano. El documento, elaborado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, sostiene que el trámite legislativo de la reforma vulneró el principio de consecutividad y no cumplió con el debido debate en el Congreso.

Según el proyecto de fallo, el proceso legislativo omitió una etapa fundamental en la Cámara de Representantes, donde el texto aprobado en el Senado fue avalado sin la debida deliberación. Además, durante la discusión del proyecto, se dejaron de estudiar más de 500 proposiciones, lo que, según el documento, afectó el derecho a una deliberación adecuada.

La ponencia se origina en la demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, que cuestionó la legalidad del trámite al considerar que el Congreso no garantizó una discusión rigurosa y democrática del articulado. De acuerdo con su argumento, la Cámara aprobó el texto sin que los ponentes explicaran las modificaciones respecto a lo aprobado en el Senado, lo que, a su juicio, constituye una violación al principio de consecutividad.

El magistrado Ibáñez acogió estos cuestionamientos y concluyó que existieron irregularidades en el procedimiento legislativo. En este sentido, el documento será sometido a estudio y votación en la Sala Plena de la Corte Constitucional, donde se decidirá si se anula la reforma o si, por el contrario, se mantiene vigente.

La Corte tiene plazo hasta el 28 de mayo para emitir un fallo definitivo, aunque el proceso podría extenderse en caso de que se solicite una audiencia pública o se presenten nuevas peticiones dentro del trámite. En paralelo, la Procuraduría General de la Nación también ha solicitado la declaración de inexequibilidad de la reforma, señalando que el proceso legislativo no garantizó una deliberación adecuada.