Qué tiene que hacer si un agente de tránsito le pide revisar su celular: esto dice la ley

En Colombia, el uso del teléfono celular es indispensable para miles de conductores que trabajan con plataformas de transporte como Uber, DiDi, InDriver, Cabify, entre otras.

Sin embargo, la legalidad de estas aplicaciones sigue siendo un tema controvertido, lo que ha llevado a que las autoridades de tránsito realicen operativos de control en todo el país.

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En algunos casos, estos procedimientos incluyen la solicitud de los celulares de los conductores para verificar si están prestando servicios a través de estas plataformas. Esta práctica ha generado dudas sobre los derechos de los conductores y las circunstancias legales en las que un agente de tránsito puede inspeccionar un dispositivo móvil.

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, específicamente en su artículo 15, el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales están garantizados.

Esto significa que ninguna autoridad puede acceder al contenido de un celular sin una justificación legal válida.

Sin embargo, existen situaciones específicas en las que las autoridades sí están facultadas para revisar un dispositivo móvil, y es crucial que los ciudadanos conozcan estas excepciones para proteger sus derechos.

Así mismo, la legislación colombiana establece tres escenarios principales en los que las autoridades pueden inspeccionar un teléfono móvil:

• Orden judicial: Si un juez emite una orden en el marco de una investigación penal, las autoridades pueden revisar el celular. En este caso, el agente debe presentar la orden judicial correspondiente antes de proceder con la inspección.
• Delito en flagrancia: Si un agente de tránsito o policía presencia un delito en curso y el celular es una prueba clave, como en casos de extorsión, fraude o amenazas, puede revisar el dispositivo sin necesidad de una orden judicial. Esta medida busca prevenir la consumación del delito o recolectar pruebas inmediatas.
• Verificación de reporte de hurto: Si existe sospecha de que el celular está robado, las autoridades pueden solicitar al ciudadano que marque el código *#06# para verificar el número IMEI del dispositivo. Este procedimiento permite comprobar si el celular tiene un reporte de hurto en las bases de datos oficiales. Es importante señalar que esta verificación se limita al IMEI y no implica una revisión del contenido del teléfono.

Fuera de estas circunstancias, los agentes de tránsito no tienen la facultad de exigir la entrega de un celular ni de inspeccionar su contenido.

Si un agente de tránsito solicita revisar su celular sin encontrarse en alguna de las situaciones legales mencionadas, los conductores tienen derecho a negarse. Los ciudadanos pueden tomar las siguientes medidas para proteger sus derechos:

• Solicitar la justificación legal: Preguntar de manera respetuosa bajo qué norma o fundamento legal se está solicitando la revisión del dispositivo.
• Negarse educadamente: Si no hay una orden judicial o no se encuentra en una situación de flagrancia, el conductor puede rechazar la entrega de su celular sin enfrentar consecuencias legales.
• Registrar la interacción: Si el conductor considera que se está cometiendo un abuso de autoridad, puede grabar la situación, siempre y cuando no interfiera con el procedimiento del agente.

En caso de que un agente de tránsito acceda al celular sin autorización, podría incurrir en abuso de autoridad o en el delito de acceso abusivo a un sistema informático, tipificado en el Código Penal colombiano.

Así mismo, el uso de plataformas de transporte como Uber, DiDi, InDriver y Cabify sigue siendo ilegal en Colombia, lo que ha llevado a que las autoridades de tránsito impongan sanciones a los conductores que operan a través de estas aplicaciones. La multa por prestar un servicio de transporte no autorizado es conocida como infracción D12 en el Código Nacional de Tránsito, asciende a 1.423.000 pesos.

Además de la multa económica, los vehículos utilizados para este tipo de servicios pueden ser inmovilizados. La primera inmovilización tiene una duración de cinco días, la segunda de veinte días y la tercera de cuarenta días. Estas buscan desincentivar el uso de vehículos particulares para prestar servicios de transporte público sin la debida autorización.

En Bogotá, por ejemplo, más de 4 millones de usuarios utilizan plataformas de transporte, y se estima que más de 300.000 conductores prestan al menos un servicio a través de estas aplicaciones. A pesar de su popularidad, la falta de regulación y la ilegalidad de estas plataformas han generado tensiones entre los conductores, los usuarios y las autoridades.

Es importante que los conductores conozcan sus derechos para actuar con seguridad ante cualquier irregularidad en los operativos de tránsito. La Constitución Política de Colombia y la Ley 1581 de 2012, que regulan el tratamiento de la información personal, son herramientas legales que protegen a los ciudadanos frente a posibles abusos de autoridad.