Devastación ambiental en el cerro La Mena, en Sincelejo: Estarían un condominio como fachada para incurrir en minería ilegal

El cerro La Mena, ubicado en el margen izquierdo de la vía Sincelejo-Toluviejo, en el departamento de Sucre, se ha convertido en el epicentro de una alarmante explotación minera ilegal que, según denuncias de la comunidad, opera sin control desde hace al menos cuatro años.

Dicha actividad no cuenta con licencia ambiental ni título minero, y ha generado un impacto devastador en una zona de protección ambiental, según una reciente investigación de la revista Cambio.

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A pesar de las reiteradas denuncias de los habitantes, las autoridades locales y nacionales parecen no haber tomado medidas efectivas para detener la destrucción.

Desde una vista aérea, el daño es evidente: un enorme cráter en el cerro, rodeado de maquinaria pesada que trabaja sin descanso. Según detalló el medio citado, en el lugar operan buldóceres, retroexcavadoras y volquetas de gran capacidad que transportan piedra caliza hacia un centro de acopio cercano.

Este centro, ubicado en el corregimiento El Floral, dentro del condominio en construcción Riviera La Esmeralda, ha sido señalado por los denunciantes como parte de un proyecto vinculado al exalcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep, que niega cualquier relación con estas actividades.

Los habitantes de la zona han señalado que el material extraído del cerro se utiliza tanto para la construcción del condominio como para su comercialización en los departamentos de Córdoba y Sucre.

Según las denuncias recogidas por Cambio, el proyecto inmobiliario no cuenta con licencia urbanística ni permisos ambientales, y dentro de sus terrenos se ha expandido la minería ilegal hacia áreas protegidas.

El exalcalde Jacobo Quessep ha sido señalado directamente por los denunciantes como uno de los responsables de estas actividades. Aunque el político ha rechazado categóricamente las acusaciones, afirmando que se trata de un ataque político en su contra, los habitantes han presentado pruebas que, según ellos, lo vinculan con la explotación minera.

Entre estas evidencias se encuentra un video en el que aparece una camioneta negra, presuntamente propiedad de Quessep, escoltando maquinaria pesada hacia otra cantera en el sector de La Oscurana, también en Toluviejo.

En declaraciones entregadas a la revista, Quessep aseguró que las acusaciones buscan desacreditar su apoyo a los mineros artesanales de la región, que, según él, han sido históricamente marginados por un pequeño grupo que concentra los títulos de explotación minera.

El exalcalde abogó por la legalización de estas actividades artesanales y pidió que se otorguen títulos especiales para garantizar el derecho al trabajo de estas comunidades.

A pesar de la magnitud del problema, las autoridades locales y nacionales han sido acusadas de inacción. Según información obtenida por Cambio, los camiones cargados de piedra caliza pasan diariamente frente a un puesto de control de la Policía Nacional ubicado en el peaje La Esperanza, sin que se tomen medidas para detenerlos.

Además, los denunciantes han señalado que la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), la Secretaría de Planeación de Toluviejo y la Policía han ignorado las quejas presentadas por la comunidad.

En 2019, Carsucre abrió un proceso sancionatorio contra el proyecto por actividades de trituración y explotación minera ilegales, así como por la tala de árboles en una zona protegida.

Según el expediente número 623, la autoridad ambiental decretó el cese de actividades en 2023. Sin embargo, ni la alcaldía de Toluviejo ni la Policía Nacional han hecho efectivas estas medidas, lo que ha permitido que la minería ilegal continúe sin restricciones.

Los líderes comunitarios han denunciado que esta situación se mantiene gracias a la complicidad de las autoridades, quienes, según ellos, recibirían pagos diarios por permitir la explotación minera. Además, varios habitantes han sido amenazados por atreverse a denunciar estas irregularidades, lo que ha generado un clima de temor en la región.

El daño ambiental en el cerro La Mena es evidente y preocupante. Según los denunciantes, esta área es un hábitat de flora y fauna especial, y su destrucción representa una pérdida irreparable para el ecosistema local.

Las imágenes captadas por drones mostraron un paisaje desolador, con maquinaria pesada trabajando en la extracción de piedra caliza y ampliando los lotes del condominio Riviera La Esmeralda.

Además del impacto ambiental, la explotación minera ilegal genera millonarios ingresos diarios que, al no estar regulados, no contribuyen con impuestos ni cumplen con los requisitos legales.

Según las estimaciones no oficiales citadas por Cambio, esta actividad podría estar generando más de 50 millones de pesos colombianos al día.