Jorge Andrés Carrillo asumió la presidencia de ISA sin poder ejercer funciones clave durante tres meses

El proceso judicial que cuestiona la designación de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) ha avanzado con nuevas declaraciones que exponen inconsistencias en su nombramiento.

En una audiencia reciente, Andrés Morales, revisor fiscal de la compañía, reveló que Carrillo no pudo ejercer formalmente como representante legal de la empresa durante los primeros tres meses tras su elección, debido a demoras en el registro de su nombramiento en la Cámara de Comercio, según El Tiempo.

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Según Morales, las actas de la junta directiva en la que fue designado Carrillo no fueron inscritas sino hasta finales de noviembre de 2024, lo que le impidió firmar los estados financieros del tercer trimestre de ese año.

Este hecho ha generado preocupación dentro de la compañía y en sectores políticos, pues, a pesar de recibir su salario desde septiembre, el presidente de ISA no cumplió con una de sus principales responsabilidades administrativas.

Las declaraciones del revisor fiscal forman parte de una serie de diligencias judiciales de la demanda presentada en agosto de 2024 por el abogado Julio César Yepes, que argumenta que el perfil de Carrillo no cumple con los requisitos exigidos por los estatutos de ISA. Como consecuencia, todos los miembros de la junta directiva han sido llamados a rendir testimonio ante un juez.

El 13 de febrero, David Riaño, representante de Ecopetrol en la junta, inició su declaración, la cual se extendió hasta la mañana del día siguiente. Ese mismo 14 de febrero, Fabiola Leal, también delegada de Ecopetrol, rindió su testimonio en horas de la tarde.

Aún están pendientes las declaraciones de otros tres representantes de la petrolera, entre ellos su presidente, Ricardo Roa, cuya diligencia fue reprogramada para el 28 de febrero por solicitud de su abogado, Luis Eduardo Nieto. Además, los miembros de la junta que representan a fondos de inversión comparecerán en marzo ante un juzgado en Bogotá.

Mientras las audiencias avanzan, la controversia en torno a la elección de Carrillo se ha intensificado con la renuncia de Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia y miembro de la junta de ISA.

En su carta de dimisión, dirigida a Camilo Zea, presidente del órgano directivo de la compañía, Yepes denunció presuntas irregularidades en la selección de Carrillo y criticó la injerencia de Ricardo Roa en el proceso.

En declaraciones recogidas por El Tiempo, afirmó que los miembros de la junta que votaron a favor de Carrillo sabían que no estaban eligiendo al mejor candidato, sino al que Roa había señalado como su preferido.

Además, sugirió que la decisión podría haber estado influenciada por el Gobierno nacional, aunque aclaró que no tiene pruebas concluyentes para afirmarlo.

Uno de los puntos más críticos señalados por Yepes es la trayectoria de Carrillo, que anteriormente ocupó el cargo de gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.

Según el exmiembro de la junta de ISA, la gestión de Carrillo en EPM tuvo un impacto negativo tanto en la empresa como en la ciudad. En sus declaraciones, Yepes calificó a Carrillo como un aliado del entonces alcalde Quintero y cuestionó los resultados de su administración.

Además, Yepes denunció que Carrillo habría presentado información inexacta sobre su experiencia laboral. Según el exdirectivo, Carrillo afirmó haber trabajado en la empresa Profesionales de Inversión (Profinvest) desde enero de 2009, a pesar de que esta compañía fue creada en agosto de ese mismo año.

El exbanquero también anunció su salida de los comités de Talento Organizacional, Auditoría y Riesgos, y Gobierno Corporativo, entre otros en los que participaba activamente. Yepes aseguró que la designación de Carrillo se dio en contra de los principios de transparencia y buen gobierno corporativo.

Las próximas declaraciones ante la justicia y la eventual ampliación de la demanda de Julio César Yepes podrían traer nuevos elementos a la controversia, con implicaciones tanto legales como reputacionales para ISA y Ecopetrol, principal accionista de la compañía.