La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió abrir un incidente de verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad contra el coronel retirado del Ejército, Jorge Enrique Galarcio Medina. Esta medida responde a presuntos hechos de explotación sexual de una menor de 14 años, situación que podría comprometer sus beneficios dentro del sistema de justicia transicional.
El incidente sancionatorio fue abierto tras la remisión de un expediente proveniente de la justicia ordinaria que señala a Galarcio Medina de estar vinculado a un caso de proxenetismo con una menor de 14 años. El Auto ARA-035 de 2025, emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, detalla que los hechos ocurrieron entre abril y junio de 2019. Sin embargo, el documento aclara que no se cuenta con una fecha exacta de los eventos que implican al exmilitar.
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Según las autoridades, Galarcio Medina ya había comparecido ante la JEP en dos ocasiones previas por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la región del Meta, aunque en esos procesos no reconoció responsabilidad alguna.
No obstante, la situación dio un giro inesperado cuando, en noviembre de 2020, se conoció que Galarcio había sido capturado bajo el alias JorgeMega, acusado de liderar una red de explotación sexual infantil.
Según la documentación proporcionada por la Fiscalía, el exoficial también enfrenta cargos por el delito de utilización de redes sociales para ofrecer actividades sexuales con menores de edad. Este proceso penal se lleva a cabo en el Juzgado 29 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, y las audiencias preliminares y preparatorias comenzaron desde 2021.
En los hallazgos del ente acusador se señala que el coronel retirado del Ejército estaría a la cabeza de una red de explotación sexual infantil que operaba a través de Facebook y WhatApp. De acuerdo con las pruebas recabadas, la Fiscalía obtuvo cerca de 100 mensajes enviados de forma anónima, los cuales fueron almacenados en un disco compacto (CD) y entregados a los investigadores. Estos mensajes, que detallan las actividades ilegales, sirvieron como evidencia crucial para llegar hasta Galarcio Medina.
A pesar de haber sido inicialmente detenido en 2020 con una medida de aseguramiento preventiva, Galarcio Medina fue dejado en libertad el 22 de noviembre de 2022 debido al vencimiento de los términos judiciales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la duración del proceso y las garantías legales del acusado.
La JEP ha subrayado en el Auto ARA-035 que el objetivo del incidente de verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad es determinar si el exmilitar violó las condiciones acordadas para su permanencia en el sistema de justicia transicional, particularmente en lo referente a la prohibición de cometer delitos después del 1 de diciembre de 2016, fecha en que se firmó el Acuerdo Final de Paz.
En este contexto, si se confirma que Galarcio Medina incurrió en nuevas actividades delictivas, podría perder los beneficios que le otorga la Jurisdicción Especial para la Paz, e incluso ser excluido del mismo.
El incidente sancionatorio abrirá una etapa en la que las partes involucradas, incluida la defensa del acusado, el Ministerio Público y las víctimas, tienen cinco días para aportar nuevas pruebas o realizar observaciones. Posteriormente, el despacho del magistrado Alejandro Ramelli Arteaga decidirá si Galarcio Medina infringió el régimen de condicionalidad.
La complejidad de este caso subraya la preocupación por la impunidad y la vulnerabilidad de las víctimas en el sistema de justicia colombiano, en especial en contextos donde las figuras de autoridad, como miembros de las Fuerzas Militares, pueden estar involucradas en crímenes de tal magnitud.
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