La Costa Caribe enfrenta una grave crisis en el sector energético debido al incumplimiento en el pago de facturas por parte de alcaldías y entidades públicas. La filial de EPM, Afinia, reportó que al cierre de 2023 la deuda acumulada de estos organismos alcanzó los $341.098 millones, generando un panorama financiero preocupante para la empresa y poniendo en riesgo la estabilidad del servicio.
El problema ha escalado a tal punto que la Procuraduría General de la Nación emitió una circular recordando a los mandatarios locales y gerentes de entidades descentralizadas la obligatoriedad del pago de los servicios públicos. El documento advierte que el incumplimiento puede derivar en sanciones disciplinarias, dado que la legislación vigente establece que la falta de pago por parte de entidades oficiales constituye una falta grave.
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La situación es especialmente crítica para Afinia, empresa que asumió en 2020 parte del territorio antes administrado por la extinta Electricaribe. A pesar de haber realizado inversiones superiores a los $3 billones en la modernización de la red, la compañía sigue enfrentando serios problemas financieros debido a la morosidad de sus clientes, el robo de energía y los pagos pendientes por parte del Gobierno nacional.
Los principales deudores
El listado de entidades públicas morosas es extenso y preocupante. Entre los organismos con mayores cuentas pendientes destaca el municipio de Ariguaní (Magdalena), con una deuda de $11.732 millones. Le siguen la Empresa de Servicios Públicos de El Paso (Empaso), que adeuda $11.089 millones, y la Empresa Intermunicipal de La Línea, con $10.482 millones.
Otras instituciones con deudas millonarias incluyen:
- Empresa de Purificación de Agua de Bosconia (Empobosconia): $9.822 millones.
- Hospital Rosario Pumarejo de López: $8.996 millones.
- Empresa de Servicios Públicos Los Palmitos (Empal): $7.535 millones.
- Municipio de Chiriguaná (Cesar): $7.535 millones.
- Municipio de Montería (Córdoba): $5.590 millones.
- Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Ovejas: $5.511 millones.
- Municipio de Mompós (Bolívar): $5.239 millones.
- Empresa de Servicios Públicos de El Blanco: $5.233 millones.
Otros municipios como Bosconia, Lorica y Guamal también presentan cuentas pendientes por encima de los $3.000 millones; mientras que, en total, las 20 entidades con mayores deudas suman un pasivo de $125.144 millones.
Impacto en la prestación del servicio
El alto nivel de morosidad está comprometiendo la estabilidad financiera de Afinia y limitando su capacidad para mejorar la infraestructura eléctrica en la región. Según declaraciones del exgerente de la compañía, Jhon Jairo Granada, que dejó su cargo el 30 de enero pasado, la empresa pierde alrededor de $62.000 millones al mes debido a conexiones ilegales y fraude eléctrico.
A esta situación se suma la falta de respaldo por parte de algunos gobiernos locales, que no solo incumplen con sus obligaciones de pago, sino que en ocasiones permiten o toleran el sabotaje de las operaciones de mantenimiento y mejora de la red eléctrica. En algunos casos, los técnicos de Afinia han enfrentado bloqueos y protestas de comunidades que rechazan las intervenciones en la infraestructura energética.
Deudas con el Gobierno nacional
A la crisis por el no pago de facturas se suma un problema adicional: Afinia espera recibir del Gobierno Nacional $695.000 millones en subsidios pendientes, así como $1,5 billones relacionados con el mecanismo de opción tarifaria. Este retraso ha agravado aún más la situación económica de la empresa.
La compañía ha solicitado acciones concretas para garantizar la estabilidad del servicio, incluyendo el cumplimiento de los pagos por parte de las entidades públicas y un mayor respaldo de las autoridades para combatir el fraude eléctrico y mejorar la cultura de pago en la región. Mientras tanto, el panorama sigue siendo incierto, con una deuda creciente que amenaza con afectar la sostenibilidad del suministro de energía en la Costa Caribe.
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