El miércoles 5 de febrero de 2025, se conoció que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra el actual gobernador del Vichada, Alexys Benito Castro, por actos de corrupción.
En ese sentido, según reveló la revista Cambio, el mandatario deberá cumplir una condena de siete años y nueve meses de prisión por el delito de peculado por apropiación, que se dictó en primera instancia en septiembre de 2023 por el Tribunal Superior de Villavicencio, pero que fue impugnada por el procesado. A la condena, que deberá cumplir en centro carcelario, se suma una multa que alcanza los $14.000 millones.
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El medio señalado indicó que en los próximos días se realizará la lectura oficial del fallo, y para ese momento, el gobernador deberá apartarse de su cargo para cumplir la sentencia confirmada por el alto tribunal.
Castro, que recibió el respaldo del Partido de la U para las elecciones de 2023, fue hallado culpable de peculado por apropiación debido a irregularidades en el contrato N.° 164 de 2012, por $13.719.876,87, destinado a la construcción de un puente sobre el río Guichire cuando era alcalde de Santa Rosalía.
El multimillonario contrato para la construcción de un puente en Santa Rosalía, que se ejecutó en solo tres días
El caso por el que fue condenado en primera y segunda instancia ocurrió cuando Hecson Alexis Benito Castro fungía como alcalde de Santa Rosalía (Vichada) entre 2012 y 2015.
Durante su administración se detectaron irregularidades en la ejecución de contratos, lo que llevó a la Fiscalía General de la Nación a abrir una investigación que culminó con su detención inicial, el 3 de julio de 2017, junto con otros dos funcionarios.
El contrato con mayores inconsistencias, supuestamente, se adjudicó para la construcción de un puente sobre el río Güichire, cerca del resguardo indígena Sáliba, sin que existiera en realidad un contrato formal. Según la investigación, Benito Castro solicitó a un ciudadano, Ramón Caribana, que realizara la obra, prometiendo un pago de $3.000.000; Sin embargo, la administración municipal posteriormente suscribió un contrato oficial, el N°. 164 de 2012, por un valor de $13.719.876,87, con un contratista y un supervisor designados.
Fueron las fechas de inicio y finalización del contrato las que levantaron sospechas, ya que el puente ya había sido construido por Caribana y otros miembros de la comunidad, sin intervención del contratista oficial Wilfredo Castillo Tovary, en un lapso de tres días.
En la sentencia se concluyó que el delito de peculado por apropiación se configuró debido a que el contratista recibió el pago completo del contrato sin haber ejecutado la obra.
“Wilfredo -quien suscribió el contrato N°. 164, el acta de inicio y de terminación y recibió el pago de $13.719.876.87- no contrató a Ramón, quien fue, insiste, el que, bajo su propia cuenta y riesgo, construyó la obra. Por ende, el delito de peculado por apropiación sí se configura y lo apropiado se concretó en la suma aludida”, se leyó en la sentencia emitida en septiembre de 2023.
Finalmente, el 24 de agosto de 2017, la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra Benito Castro y su secretario de Planeación, José Aureliano Rodríguez Catimay, por delitos contra la administración pública. Aunque en un primer fallo emitido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño en junio de 2023 ambos fueron absueltos, la Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión.
En septiembre de 2023, el Tribunal Superior de Villavicencio revocó parcialmente la sentencia inicial y declaró culpables a Benito Castro, Rodríguez Catimay y Wilfredo Castillo Tovary por el delito de peculado por apropiación, decisión que fue apelada, pero que nuevamente falló en contra de los procesados y hoy condenados.
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