El proceso de adquisición de tierras en el Catatumbo provocó debate en Colombia, especialmente por el Estado de conmoción interior decretado por el Gobierno nacional. En el centro de la controversia se encuentra la figura de la expropiación administrativa, contemplada en el Decreto 108 de 2025, que fue interpretada por distintos sectores como un mecanismo de apropiación forzosa o expropiación exprés; sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) declaró que, en esta etapa, el proceso se realiza mediante ofertas voluntarias de los propietarios de los predios.
El director de la ANT, Felipe Harman, fue enfático en señalar que la adquisición de las 3.500 hectáreas no es una confiscación, sino un procedimiento de compra basado en acuerdos con los dueños de la tierra. “Esas fincas que tenemos referenciadas han sido ofertas voluntarias, eso es el primer componente. Hoy nosotros vamos a arrancar a adquirir tierras del Catatumbo con ofertas voluntarias, entonces eso es lo primero que hay que aclarar”, afirmó el funcionario en declaraciones recientes al diario El Colombiano.
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Para los colombianos se plantea la pregunta sobre los afectados por la medida y la identidad de los propietarios de los terrenos en cuestión. De acuerdo con las autoridades, estas tierras pertenecen a habitantes de la región que han optado por vender sus predios a la ANT dentro del Plan Catatumbo, una iniciativa orientada a transformar la dinámica territorial y fortalecer la producción agrícola legal.
Los predios adquiridos serán utilizados para proyectos de desarrollo sostenible, bajo el concepto de “fincas de paz”, que no solo brindarán alternativas productivas a la comunidad, sino que funcionarán como refugios humanitarios en situaciones de crisis derivadas de enfrentamientos armados.
Plan integral para la estabilización del Catatumbo
El Gobierno explicó que la compra de estas tierras responde a una estrategia integral para garantizar la estabilidad en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló en su momento que esta medida es clave para facilitar el retorno de desplazados y ofrecer soluciones productivas en territorios históricamente impactados por la violencia.
“La expropiación no es una confiscación; es una enajenación forzosa en la que se indemniza al propietario a valor comercial y se pone el terreno al servicio de objetivos de emergencia”, sostuvo Carvajalino. Según la jefa de cartera, este mecanismo se empleó durante décadas en Colombia con fines de utilidad pública, y en este caso, busca crear condiciones que reduzcan la dependencia de economías ilícitas.
El Plan Catatumbo también contempla la constitución de la Zona de Reserva Campesina “Paz y Unión del Catatumbo”, que abarcará 59.000 hectáreas y beneficiará a 61 veredas de los municipios de Hacarí, Ábrego, Bucarasica y La Playa de Belén. La estrategia está diseñada para fomentar la producción agrícola, reforzar la seguridad alimentaria y garantizar el acceso a la tierra de comunidades que han sido históricamente desplazadas por la guerra.
La estrategia del Gobierno para transformar el Catatumbo
Uno de los objetivos principales de la compra de estas tierras es destinarlas a asociaciones campesinas y organizaciones sociales, quienes tendrán la responsabilidad de administrarlas bajo un modelo sostenible. En estos predios se desarrollarán cultivos lícitos, proyectos de agroindustria y sistemas de producción diversificada, con el fin de fortalecer la economía local y reducir la dependencia de cultivos ilícitos.
Adicionalmente, las “fincas de paz” serán espacios de refugio humanitario en momentos de confrontación. Esta estrategia, según Harman, busca brindar condiciones de estabilidad para las comunidades en una región donde el conflicto ha obligado a miles de personas a desplazarse de manera constante.
“Lo que queremos es que esas fincas sean parte de un sistema nacional de derechos humanos, parte de una revisión integral con garantes internacionales en el marco del Derecho Internacional Humanitario”, agregó el director de la ANT para el medio citado.
El Gobierno reiteró que este proceso se desarrolla con el acompañamiento de organismos internacionales y bajo estándares legales que garantizan la transparencia de las adquisiciones. El reto ahora es garantizar que la implementación del proyecto se realice de manera efectiva y que los beneficiarios cuenten con el apoyo necesario para consolidar proyectos productivos sostenibles.
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